Si bien es verdad que en no pocas ocasiones se agradece a los poderes públicos que estén "calladitos", es decir, que dejen de legislar determinadas normas que solo obedecen a intereses particulares, léase grandes empresas cargadoras o concesionarias de autopistas, por ejemplo, no es menos cierto que tampoco cumplen con lo prometido, peor aún, con su trabajo.
Este es el caso del Reglamento que debe desarrollar la LOTT, el denominado ROTT, cuyo texto está guardado bajo siete llaves, y no entendemos las razones por las que no verá la luz en esta legislatura, máxime cuando no existen argumentos claros que lo justifiquen.
Hay temas de importancia en su contenido para la mejora de la actividad y la política de transportes, como el acceso al mercado y a la profesión, el número de vehículos mínimos y su antigüedad o la transmisibilidad de las autorizaciones de transporte…, de los que todavía hoy no se conoce ni el borrador. Sin duda alguna, detrás de este desaguisado subyace la pelea interna entre la Oficina Económica de Moncloa (que pretende una liberalización total de nuestro sector, contraria a la normativa europea) y el propio Ministerio de Fomento, quien es partidario de su publicación, atendiendo a los intereses del sector.
Ya en su día, la propia LOTT se demoró, justo antes de las últimas elecciones generales, al negarse el PP a dar su visto bueno a su aprobación.
A un paso de las elecciones autonómicas y locales (a excepción de Andalucía y Cataluña, claro está), parece meridianamente claro que el bipartidismo será historia y que habrá múltiples y complejos pactos para la gobernanza de las administraciones locales. Lo mismo ocurrirá con el Gobierno de la nación.
Ante esta situación de inactividad, cabe replantearse en qué forma manejar los hilos para que el transporte por carretera sea, de una vez por todas, considerado como lo que en realidad es: un sector estratégico en la economía nacional. En este sentido, una de las primeras acciones, por parte de la CETM y sus organizaciones miembro, será el tratar de explicar a los partidos políticos (el abanico se ha agrandado) qué es "eso" del transporte. Estamos convencidos de que, fundamentalmente el Ministerio de Fomento, conoce a la perfección el sector, pero ése no es el problema.
El problema, como hemos señalado, radica en el Ministerio de Economía y en Moncloa y su todopoderosa Oficina Económica. No obstante, el apoyo que se propicia a otros modos de transporte, como el ferrocarril (fundamentalmente el AVE, con multimillonarias inversiones que dejan vacías las arcas de los presupuestos), lamina otras necesidades como la conservación de las carreteras, la eliminación de cuellos de botella, la interconexión con los puertos y un largo etcétera de agravios. Una vez más, esta "casa" se volcará para convencer a nuestros futuros gobernantes de algo que resulta más que obvio: si no se cuida, se mima al transporte, que representa más de un 5% del PIB, mal vamos.
Porque no es ya solo que no se le entienda; lo peor en que se le ponen palos en las ruedas, con medidas legislativas incoherentes, como la pretensión de obligar a los camiones a pasar por las autopistas de peaje o la modificación de los pesos y dimensiones, ante las que es lógico preguntarse a quiénes benefician y qué intereses esconden. Y no debemos olvidar un tema fundamental: la fiscalidad.
Este “año de transición”, en el que los políticos estarán “a sus cosas” tiene otros componentes, otros frentes, que es necesario abordar.
Las relaciones con los cargadores y los agentes sociales, la armonización europea, absolutamente inexistente y que está produciendo una grave ruptura del mercado, con legislaciones “peregrinas”, por parte de los diferentes Estados miembros, como la adopción del salario mínimo y de tasas y peajes arbitrarios; las relaciones con Tráfico, la devolución total del “céntimo sanitario” y, por supuesto, la salida de la crisis, que continúa lastrando la actividad, con problemas como la morosidad y los plazos de pago, el acceso a la financiación y los bajos precios de los servicios de transporte. Queda mucho trabajo por hacer en el presente año para estar lo mejor preparados con el fin de abordar la próxima legislatura con garantías de éxito, tanto en el plano interno, de la “casa”, como en sus relaciones con los agentes externos.