REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Y así debe ser. Son muchos y extremadamente complicados los retos que tiene el nuevo Gobierno, a los que cada día se les unen las protestas de sectores que reclaman una atención preferente, como es el caso de los agricultores y ganaderos. Además de las cuestiones “políticas”, como las pretensiones separatistas del gobierno catalán o la aprobación de los presupuestos y la fiscalidad, están las pensiones, la reforma laboral, el cambio climático, la vivienda, la reforma educativa y la sanidad, sin olvidar otro sinfín de problemas que requieren de amplios consensos para sacar adelante no pocas leyes de gran calado; la oposición no se lo pondrá fácil.
Pero entre los grandes asuntos de Estado que merecen la atención de los mass media, no se da la oportuna y cabal relevancia a un sector como el transporte de mercancías por carretera, absolutamente vital y estratégico para el funcionamiento de nuestra economía, tanto interna como externa, pues es la principal vía para nuestras exportaciones. Y es que el transporte debe ser también una “cuestión de Estado” para nuestras administraciones locales, autonómicas y nacionales, pues de su futuro depende el desarrollo del país. Por supuesto, las autoridades europeas tienen mucho que decir -y legislar- al respecto.
Ha transcurrido poco más de mes y medio desde el primer Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Tal y como está el país, ni siquiera hay tiempo para otorgar el consabido periodo de gracia o voto de confianza (los tradicionales cien días) a sus ministros, para que comiencen a actuar. Con cuatro vicepresidencias y 18 ministerios, las competencias y los frentes en los que debe bregar nuestro sector se multiplican. Pero la presión ni cesa ni debe hacerlo en ningún momento. Aparte de la solicitud de reunión inmediata al responsable del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, efectuada por la CETM a finales del pasado mes de enero, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, ya ha elaborado un listado de 10 medidas urgentes a proponer al citado ministerio. Son el resumen de los famosos 12 puntos reivindicativos que nuestros lectores ya conocen, pero que el anterior ministerio de Fomento debió traspapelar.
El objetivo es conseguir la viabilidad del sector
No está de más recordarlos. Hacen referencia a la oposición a la tarificación de cualquier infraestructura (léase Euroviñeta, encubierta o no) y al desvío obligatorio de camiones hacia las autopistas de peaje. Cabe señalar (ver reportaje en este mismo número), que están lloviendo nuevas restricciones a la circulación en diversas provincias.
Por supuesto, es prioritario modificar la Ley de Contrato de Transporte, en relación con los plazos de pago, cláusula de revisión del precio del combustible, operaciones de carga y descarga (no debe intervenir el conductor), reducción del tiempo de paralización y su pago efectivo por parte del cargador. Se hace obligatorio, por otra parte, el diálogo en las mesas de debate, no solo sobre la normativa de pesos y dimensiones, sino también para alcanzar el equilibrio en las relaciones mercantiles entre cargadores y transportistas. Se sigue denunciando la falta de medidas eficaces contra las empresas buzón y otras competencias desleales, como las perpetradas por determinadas cooperativas de trabajo asociado. La coordinación de los futuros planes de movilidad y la negociación de la política de transición ecológica; la armonización fiscal; la elaboración de planes de áreas de descanso en toda la red viaria; el mantenimiento del régimen de gasóleo profesional (incluidos los vehículos de menos de 3,5 Tns. de MMA) y el mantenimiento de ayudas al abandono de la actividad y a la formación, merecen, de otro lado, soluciones razonables e inmediatas.
Se trata, en definitiva, de que el Gobierno promulgue, de acuerdo y en total consenso con el sector, cuantas medidas sean necesarias para conseguir una viabilidad de la que por el momento este último carece.
Pero este es solo un primer paso, pues será preciso negociar otros temas con el resto de ministerios y organismos implicados o con competencias en nuestra actividad, incluidos los de la Unión Europea. Y la presión, no lo duden, no va a disminuir; todo lo contrario.
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