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Todo comenzó en 2009, cuando la empresa catalana Transports Besora reclamó el pago del impuesto, al considerarlo contrario a la Directiva europea sobre hidrocarburos, y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interpelara a su homólogo europeo si ésta era o no compatible con la aplicación del “céntimo sanitario”. La respuesta se ha hecho esperar y se ha perdido tiempo y dinero, pero ha sido contundente.
¿Y cuáles son las razones que esgrime el alto tribunal europeo para “castigar” a nuestro díscolo Gobierno? El impuesto –según nos lo han “vendido”- estaba destinado a financiar la Sanidad de las CCAA. Sin embargo, no hay forma de probar que se haya destinado a este fin, pues “no persigue una finalidad específica” y sólo tiene un carácter “meramente presupuestario”, ya que su objeto no es “garantizar la protección de la salud ni el medioambiente”, a juicio del Tribunal de la UE, e incumple de manera flagrante la Directiva europea sobre hidrocarburos.
Pero lo más grave es que aquí “ha habido mala fe”, por parte de nuestros gobernantes, como declara expresamente la sentencia, quienes han insistido en aplicar el impuesto haciendo caso omiso de varias sentencias y dictámenes anteriores (en los años 2003, 2006, 2008 y 2013), en los que se les advertía de su ilegalidad. De ahí que tenga carácter retroactivo y no se haya limitado en el tiempo.
Resulta cuando menos curioso señalar que este impuesto se ha convertido en un boomerang para Cristóbal Montoro, quien lo estableció siendo ministro de Hacienda con Aznar (2000-2004), y que ahora tendrá que lidiar su devolución y bregar con las Comunidades Autónomas, que ya han mostrado su rechazo a aflojar sus bolsillos, alegando que el “invento” fue obra del Gobierno central (el PSOE también lo mantuvo) y que ellos se limitaron a aplicarlo. Salvo La Rioja, Aragón, el País Vasco y Canarias, el resto de las CCAA no vaciló en abrazarlo. Por mucho que protesten son también corresponsables y deberán reparar el daño.
Los técnicos del ministerio de Hacienda agrupados en Gestha, ya se han apresurado a afirmar que la cifra que finalmente se tenga que devolver no superará los 4.000 millones de euros. Por su parte, fuentes del sector del transporte estiman en unos 2.700 millones lo que podrían recuperar, pues no todo el mundo guardó las facturas y reclamó; menos aun las más de 24.000 empresas “desaparecidas” en este tiempo.
Quienes decidan reclamar a partir de hoy están en su pleno derecho. Basta con recopilar la documentación correspondiente y presentarla ante la Delegación de Hacienda de su provincia, Sección de Impuestos Especiales. Si le dan largas, pues el Gobierno no ha mostrado ningún afán de compensación, prepárense para acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo o incluso a los superiores de Justicia. En este caso, insisto, sólo para los que no hayan reclamado anteriormente, la reclamación solo afectará al periodo comprendido entre marzo de 2010 y diciembre de 2012, de acuerdo con la normativa fiscal vigente. De otro lado, habrá que tener en cuenta las devoluciones que han realizado en este tiempo las CCAA sobre este impuesto especial.
La pregunta del millón es cómo va a actuar ahora el Gobierno y su Ministerio de Hacienda (no hay que olvidar a las Comunidades Autónomas). A nuestro juicio, debe asumir y acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de forma rápida y contundente, al igual que lo hizo con la anulación de la “Doctrina Parot”. A ver si excarcelar a etarras, asesinos y violadores va a ser más fácil que devolver lo injustamente cobrado. Seguro que sí.
