REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Y de alguna manera el ministro José Blanco ha cumplido, porque la presidencia española no ha instado su aplicación a escala europea, intentando hacerla obligatoria por norma en todos los países de la UE.
Pero las cosas cambian. La crisis y la reducción del déficit se han cebado con su Departamento –netamente inversor- haciendo que de sus arcas “volaran” 6.000 millones de euros que estaban prácticamente adjudicados a diversas obras públicas. El transporte de mercancías por ferrocarril, ni tocarlo, claro está.
Blanco, que es un lince de la comunicación, ya ha “sugerido” públicamente que no sólo las obras cuestan dinero, de ahí que se haya “inventado” el PEI (Plan Extraordinario de Infraestructuras), que no debe confundirse con el PEIT, el Plan Estratégico, con participación de la inversión pública, sino que lo caro, el problema, reside también en el mantenimiento de las carreteras (se habla de 6 millones de euros diarios). Y entonces sale a la palestra la famosa frase: “quien usa y contamina, paga”. Y claro, hacia dónde se dirigen las miradas. ¿Hacia los vehículos particulares? Ni hablar; dentro van honrados ciudadanos que pagan sus impuestos y que, además, votan. Sus vehículos ni contaminan, ni estorban, ni destrozan las vías. Vuelva usted a mirar y encontrará el objeto, el objetivo que andaba buscando: el camión, es muy sencillo. Evidentemente,el Gobierno no está interesado en lanzar una nueva tasa por uso de infraestructuras, que no provenga de una decisión comunitaria. Ya ha subido los impuestos y se ha enfrentado con pensionistas y funcionarios.
Pero, si la presidencia belga aboga por su establecimiento, “no tendremos más remedio que respetar su decisión”, tal parece que es la idea que en estos momentos bulle en la cabeza del ministro y sus asesores, quienes parecen soportar presiones provenientes de sectores interesados, en clara referencia a concesionarios de autopistas. Por otra parte, ¿para qué oponernos, defendiendo y cumpliendo los Acuerdos de junio de 2008, si nos hacen falta los dineros, si la situación económica, de déficit y financiación del Estado es de auténtico desastre? Algunos cálculos hablan de 5.000 millones de euros de recaudación, lo que compensaría la reducción de las inversiones.
Así las cosas, en un momento especialmente difícil, en el que “la política económica marca la pauta, con el ajuste fiscal, presupuestario, de gasto público e inversiones, que afecta a Fomento de forma muy clara”, como dijo el director general de Transporte Terrestre, Juan Miguel Sánchez, en la clausura de la Asamblea general de la CETM, los transportistas no se van a callar. Ante el más que evidente riesgo de que el fantasma o la amenaza de la Euroviñeta se torne real, el presidente de la CETM ha advertido públicamente que el Sector “se opondrá radicalmente a iniciativas que supongan más cargas impositivas y más obligaciones fiscales para nuestras empresas”. Marcos Montero fue todavía más lejos, al anunciar que las consecuencias pueden ser imprevisibles, “con una reacción más o menos violenta del Sector para impedirlo”. Más claro, imposible.
No hay que olvidar que el ansia recaudatoria recorre también los despachos de algunas CCAA. El peaje de Echegárate es un ejemplo, al que debe añadirse el “céntimo sanitario” de Andalucía y Extremadura, de próxima instauración.
El Sector no está para bromas de mal gusto. Sus “fantasmas” son reales y persistentes. Un nuevo impuesto, una nueva tasa, supondría la muerte súbita para miles de compañías que ya están exhaustas. Se impone la cordura y el diálogo, por el bien del transporte y de la economía del país.