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En el terreno económico, ha acordado utilizar todos los instrumentos que tiene a su disposición para garantizar el abastecimiento de los sistemas sanitarios, mantener la producción y la distribución de las cadenas de valor y apoyar a las empresas, garantizándoles liquidez. Por ello, ha establecido que los Estados puedan tomar medidas tales como los subsidios salariales, la suspensión de pagos de los impuestos de sociedades, del IVA o de las cotizaciones sociales. Asimismo, permite que los Estados puedan indemnizar a las empresas por los perjuicios causados con motivo de acontecimientos de carácter excepcional.
La batería de medidas propuestas por la Comisión Europea incluye la reserva de 1.000 millones del presupuesto de la Unión Europea al Fondo Europeo de Inversiones, con el objetivo de que los bancos concedan liquidez a las pymes y empresas de capacitación media. Esta propuesta afectará a unas 100.000 pymes y empresas pequeñas de capitalización con una financiación de 8.000 millones de euros, aproximadamente. Además, se concederán aplazamientos de los créditos a los deudores que se hayan visto afectados de manera negativa.
El hecho de que la Comisión Europea considere el COVID-19 como “una circunstancia inusual que se escapa al control de las administraciones públicas”, da lugar a que se proporcionen gastos excepcionales como los de asistencia sanitaria o los destinados a medidas específicas para ayudar a las empresas.
Ayudas económicas a pequeñas y medianas empresas
Entre los objetivos de la Comisión Europea también se encuentra el de garantizar la producción y suministro de los equipos de protección médica y medicamentos. Por ello, establecerá mecanismos de control adecuados para que no se tomen medidas de manera unilateral.
La Comisión, que reconoce el papel del transporte en esta crisis sanitaria, ha pedido a los Estados que garanticen el flujo de bienes esenciales entre las fronteras y, en este sentido, hará un especial seguimiento para poder coordinar entre los países las distintas medidas que lleven a cabo. Será el próximo 18 de marzo cuando todos los ministros de Transporte celebren una videoconferencia para debatir todas las cuestiones relacionadas con esta materia.
En política de cohesión, la Comisión ha propuesto destinar 37.000 millones de euros y renunciar a su obligación de solicitar que los Estados miembros le reembolsen la prefijación no gastada.
Para que las medidas se puedan adoptar en las próximas semanas, la Comisión ha solicitado al Parlamento Europeo y al Consejo que aprueben rápidamente su propuesta.
España se convierte en el tercer país más beneficiado de estas medidas, ya que la respuesta comunitaria al COVID-19 implicaría la inversión de 4.145 millones de euros para nuestro país. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha descartado que más adelante se tomen más medidas en materia económica para apoyar a los países europeos debido a la gravedad de la situación.