REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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La eurodiputada basa su iniciativa en el Paquete de movilidad aprobado por el Parlamento Europeo, fundamental para que el transporte por carretera aporte lo mejor que tiene (flexibilidad y capilaridad) a la logística europea. El objetivo es competir gracias a sus ventajas, a un proceso acelerado de digitalización, a su progresiva descarbonización y a la oferta de nuevos servicios y prestaciones basados en la innovación y la combinación eficiente con otros modos de transporte.
Por ello, insta a que se expulse del mercado a quienes compiten sobre la base de precarizar el mercado, degradar sus condiciones de empleo y esclavizar a los conductores. Según recoge en su iniciativa parlamentaria, compañías, que copan ya el 6% del mercado europeo, “practican un dumping social que debería avergonzar a las empresas que lo propician y las autoridades que lo consienten. Es, además, una vergüenza para el modelo social de la Unión Europea y un riesgo para la seguridad vial porque se obliga a los conductores a incumplir hasta los tiempos de descanso. En febrero entra en vigor el Paquete de Movilidad, pero hay prácticas y tipos de relación laboral que hay que cortar de inmediato”.
Denuncias previas por dumping social en el transporte
No es la primera vez que la eurodiputada vasca plantea una iniciativa de este tipo. Antes de aprobarse el Paquete de Movilidad, denunció que el primer problema que debía combatir esta legislación era el dumping social que conduce al subempleo y degrada las condiciones de trabajo de todos, como, por ejemplo, los miles de camioneros filipinos con infracontratos contratados por empresas buzón suecas en Lituania, prestando servicio en las carreteras de la Unión Europea.
En su respuesta, la Comisión Europea aludía a la responsabilidad de los Estados miembros en el control de estas infracciones y mostraba su optimismo por el efecto que tendría el Paquete de Movilidad en la eliminación de este tipo de prácticas.
En esta ocasión, en el reportaje de la televisión lituana explican cómo miles de personas en precarias condiciones, residentes en antiguas repúblicas soviéticas con bajos niveles de renta, acuden a las ofertas que las empresas lituanas de transporte publican en Internet seducidos por condiciones de empleo que prometen salarios que rondan los 2.000 euros.
Una vez formados los contratos, comienzan las prácticas irregulares que recortan ese salario hasta en dos terceras partes. Alguna de ellas consiste, por ejemplo, en constituir un depósito mensual que se detrae del salario para atender daños producidos en el camino por accidentes, cuando los vehículos deben tener un seguro de forma obligatoria. Teóricamente, si no hay accidentes, ese “deposito” retorna al conductor, pero algunos de los entrevistados afirman que no conocen ningún caso en que se haya producido esa devolución.
Un reportaje de la televisión lituana describe las ilegalidades que comenten algunas empresas con sus conductores extranjeros, a los que obligan a conducir sin descanso
En su iniciativa parlamentaria, Izaskun Bilbao se hace eco del dramático relato que hacen un grupo de ocho conductores en el referido reportaje sobre sus condiciones de vida, hacinados en una pequeña habitación de apenas 15 metros cuadrados en la que duermen en literas.
Así explican cómo las empresas les sancionan con nuevos descuentos del salario por no respetar las rutas que les asignan las empresas que evitan las autopistas de peaje, discurren a veces por carreteras que no admiten vehículos de gran tonelaje o por cascos urbanos de pequeños pueblos y ciudades, derivando las sanciones por las infracciones cometidas en estos recorridos a los propios conductores, que se arriesgan a perder su permiso de conducir y la posibilidad de seguir conduciendo.
Otros conductores describen los recorridos que se ven obligados a realizar en furgonetas en las que pasan en ocasiones hasta cinco días, cuando son sustituidos por otros compañeros en diversos puntos de Europa.
Los conductores deben pagarse las comidas durante esos viajes, que tienen que ver con su actividad laboral, y son obligados a volver a conducir sin respetar los tiempos de descanso fijados por las normas europeas, lo que supone un riesgo para los propios conductores, perjudicando la seguridad vial.