
Los eurodiputados proponen que si el contrato de trabajo es superior a dos años, todas las condiciones laborales del país de acogida deberán aplicarse a los trabajadores. Este límite de dos años se podrá extender si la compañía necesita más tiempo para cumplir los requerimientos.
Los puntos clave de la reforma son la remuneración, duración de desplazamiento y los contratos temporales:
- La remuneración del trabajador deberá ser acorde a la ley y los acuerdos colectivos del país de acogida. Los Estados miembros deberán obligar a que se publiquen todos los elementos de la política de remuneración nacional en una página web particular.
- Condiciones, el viaje y los costes de alojamiento deberán ser parte del salario o ser reembolsados por la empresa. Se deberán aplicar los acuerdos colectivos por sectores o regionales si éstos mejoran las condiciones de los trabajadores desplazados.
Uno de los Estados que está en desacuerdo con el borrador es Francia, que prefiere un marco temporal de seis meses y un marco legislativo más ambicioso. Según el Consejo, "el consenso dependerá de las formulaciones que se hagan" y esperan llegar a un acuerdo de forma previa en el Coreper (Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembro).
Está previsto que el pleno vote el borrador en los próximos días, ello servirá para iniciar las negociaciones con el Consejo. Los 28 ministros tienen todavía que adoptar su posición en el Consejo. El tema se tratará además de forma preferente en el Consejo de Empleo, Política Social y Sanidad y Consumidores.