
Entre las novedades más destacadas, el Paquete de Movilidad incluye una nueva regulación sobre conductores desplazados (salario mínimo) en el sector del transporte por carretera, exigiendo que dichos conductores perciban, al menos, el salario mínimo establecido en el país o países en que realice el servicio de transporte. Sin embargo, de dicha regulación se excluirá a los transportes internacionales bilaterales, es decir, a los transportes internacionales en los que el país de origen o destino sea donde el vehículo está matriculado.
Esto permitirá eliminar las cargas burocráticas que pudieran existir para las empresas transportistas españolas en sus desplazamientos a otros países de la Unión Europea, tanto de salida como de retorno y, a la vez, posibilitará un mayor control de las empresas deslocalizadas, sobre todo en países del Este de Europa, que operan sin ningún control en el mercado español de transporte, copando más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en España.
Otra de las medidas más interesantes que contempla el Paquete de Movilidad es la relativa al mayor control que se realizará sobre las denominadas "empresas buzón”, ya que todas las empresas de transporte por carretera necesitarán acreditar que tienen actividad real en el Estado miembro en el que están registradas, para lo que se exigirá, además, que los camiones regresen al país de matriculación cada ocho semanas. Con relación a lo anterior, las empresas deberán organizar sus horarios para que los conductores en el transporte internacional de carga puedan regresar a sus hogares a intervalos regulares (cada tres o cuatro semanas, según el horario de trabajo).
El Paquete de la Movilidad, recurrido ante la Justicia europea
Estas medidas han sido unas de las más cuestionadas por los países del Este de Europa, ya que impedirán que las flotas de transporte matriculadas en dichos países trabajen de forma continua en otros Estados miembros, lo que motivó que en noviembre pasado, un total de seis países europeos (en concreto, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Hungría y Malta) plantearan un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de al Unión Europea con el objetivo de tumbar los aspectos más lesivos del Paquete legislativo a sus intereses.
A esta “cruzada judicial” se ha sumado un país occidental, en concreto Bélgica, que ha planteado un recurso judicial ante el Tribunal Europeo, pero en este caso sólo por la nueva regulación sobre el transporte de cabotaje.
Cabe recordar que el Paquete de Movilidad mantiene los anteriores límites existentes para la realización de servicios de transporte en régimen de cabotaje en otro Estado miembro (tres operaciones en siete días) pero, como novedad, se introduce un "período de enfriamiento" de cuatro días antes de que se puedan realizar más operaciones de cabotaje dentro del mismo país, que es lo que cuestiona ahora el Gobierno belga.