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Pese a que el Paquete de Movilidad es ya una realidad tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del pasado mes de julio, tras el amplio respaldo obtenido tanto en el Consejo como en el Parlamento europeo, la comisaria de Transportes no ha dejado de cuestionar algunos de los aspectos más controvertidos y que más afectan a los países del Este, que ven con temor como la puesta en marcha de dichas medidas supondrá acabar con la situación de descontrol y competencia desleal que venían ejerciendo las empresas radicadas en dichos países, muchas de ellas deslocalizadas, y que amenazaba con hacer desaparecer el tejido empresarial de transporte de los países occidentales.
Entre las medidas estrella que recoge el Paquete de Movilidad está la obligación de que los camiones retornen a su país de origen, al menos cada ocho semanas, para evitar la actual situación de deslocalización permanente que practican muchas empresas radicadas en los países del Este. Es conocido que estas empresas casi trabajan de forma continua fuera de su país, al que se desplazan sólo para pasar la ITV de sus camiones una vez al año, aunque existen casos que incluso la revisión técnica la pasan de forma virtual sin necesidad de desplazarse a los centros de inspección técnica.
Lo que dice el informe del Paquete de Movilidad
Así el Informe de resultados señala que la obligación del retorno de los vehículos generará “hasta 2,9 millones de toneladas de emisiones de CO2 adicionales en 2023” y, en el caso de las operaciones de transporte combinado internacional, “se podrían producir 397.000 toneladas adicionales de emisiones de CO2 y efectos potencialmente negativos a largo plazo en el transporte ferroviario y de mercancías intermodal” para concluir que “las dos disposiciones podrían generar hasta 3,3 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 por año, hasta 704 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) y 251 toneladas de material particulado (PM2.5)".
Con los resultados de la encuesta, la intención de la Comisión Europea es iniciar ahora un debate con los Estados miembro y el Parlamento Europeo para revisar el Paquete de Movilidad aprobado “a la luz de la necesidad de perseguir los objetivos del Pacto Verde, el funcionamiento adecuado del mercado único y la necesidad de garantizar altos estándares sociales y el bienestar de los conductores”.
