La insularidad (vivir en islas o archipiélagos) conlleva un sobrecoste de transporte, tanto para las materias primas requeridas por la industria como para el producto final elaborado, que suponen una desventaja competitiva para las empresas ubicadas en esas comunidades autónomas.

Según el Gobierno, el objetivo de estas subvenciones es compensar los costes que supone la insularidad, paliando las desventajas asociadas a este hecho, para promover la igualdad de condiciones con el resto del mercado no insular.

El nuevo Real Decreto se adapta a los distintos cambios que han tenido lugar en el ordenamiento jurídico nacional y europeo en materia de subvenciones, procedimiento administrativo y acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Con la nueva norma, se intenta modernizar la gestión de estas ayudas, de manera que se optimizan los trámites asociados a su otorgamiento y se reducen las cargas administrativas que deben soportar las empresas que las reciben, además de recogerse los cambios legales producidos y clarificarse algunos conceptos.

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