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La Diputación de Guipúzcoa pretende poner en marcha este nuevo peaje a lo largo de 2020 o principios de 2021, con unas tarifas, en el caso de los camiones, que alcanzaría un importe de 6,13 euros por 15,5 kilómetros de recorrido, lo que supondrá una tarifa de casi el doble de la media de las autopistas de peaje del resto de España.
Para las asociaciones de transporte, se trata de un impuesto más aplicado al sector, que contribuyen vía impuestos al mantenimiento de las vías guipuzcoanas. De hecho, sólo en Guipúzcoa se suministraron en 2019 más de 800 millones de litros de gasóleo (procedentes, en su mayoría, de vehículos de transporte), lo que supone un porcentaje casi un 400% más que el consumido en otras provincias españolas con una flota de transporte similar a la guipuzcoana. Esto permite a la administracion foral recaudar en torno a 400 millones de euros al año, de los que, apenas, un 10% se destina a mantenimiento de carreteras.
Un peaje declarado ilegal
En abril de 2018, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en la N-I y la A-15, puesto en marcha por la Diputación Foral, y que afecta a los más de 10.000 camiones que cada día transitan por ambas vías, lo que afecta a los transportistas de larga distancia que las usan como tránsito obligado hacia el resto de Europa.
Pese a haber sido declarado ilegal este peaje, la Diputación de Guipúzcoa decidió mantenerlo vigente hasta que el Tribunal Supremo resuelva, en los próximos meses, el recurso de casación interpuesto tanto por el Gobierno provincial como por las Juntas Generales de Guipúzcoa para, así, mantener los ingresos millonarios que cada mes recauda de los transportistas, aún con el riesgo de tener que devolverlo en caso de que el Tribunal Supremo ratifique la nulidad del peaje.