Desde la toma de posesión de la nueva directora general de Tráfico, María Seguí, en febrero de 2012, sólo se ha producido un encuentro con el citado Comité Nacional del Transporte por Carretera, meses más tarde, en julio del pasado año. En esta reunión se trataron aspectos relacionados con la adecuación de las edades de obtención de los permisos de conducir de las clases C y D, modificando el Reglamento General de Conductores, en línea con diversas normativas europeas y nacionales. Se plantearon también temas como el acceso a la información de los puntos del carné de los conductores, a fin de evitar sanciones administrativas y el acceso a la impartición de cursos por parte de las asociaciones profesionales, entre otros.

 El Comité Nacional del Transporte por Carretera asegura que al mismo tiempo que se desarrollaba esta reunión se estudiaba -para su informe-, el borrador del Real Decreto por el que se modificaba el Reglamento General de Conductores en materia de mercancías peligrosas. El Comité emitió en agosto su informe, en principio favorable al texto, viéndose sorprendido con la “versión final de la norma emitida por la Dirección General”, que contemplaba “una reforma importantísima relativa a las pruebas teóricas de control de conocimientos, que no obraban en la versión sujeta a informe, ni por el Comité, ni por el Consejo de Seguridad Vial”.

 A raíz de estos desaguisados, el Comité Nacional solicitó reiteradamente un encuentro con la directora general de Tráfico (el último en marzo pasado), no habiéndose recibido respuesta alguna, lo que, a su juicio supone “una circunstancia si cabe más dolorosa para el Sector, atendiendo a la transcendencia que para el normal desarrollo de su actividad tienen todas las cuestiones que se le han planteado, cuya falta de solución está provocando un enorme perjuicio”.

Finalmente, el Comité Nacional del Transporte por Carretera advierte de que “de mantenerse el actual nivel de relación con la Dirección General de Tráfico, no es descartable que el Sector se vea obligado a adoptar otro tipo de medidas que faciliten la normal respuesta que la Administración debe dar a una actividad de la importancia económica que tiene el transporte de mercancías por carretera”.