
Los cuatro puntos de sintonía entre transportistas y cargadores han sido los siguientes:
- Cumplir la Ley de Morosidad (pagar a 30 días máximo)
- Aplicar las cláusulas de revisión de precios de transporte en función de la evolución del precio del gasóleo
- Limitar y controlar la cadena de subcontrataciones
- Promover la productividad de la actividad del transporte.
Algunas asociaciones, como Guitrans, de Guipúzcoa, ha hecho pública la decepción que les ha supuesto "una negociación que más parece un engaño y una estrategia para alargar esta situación que ya es insostenible". En opinión de este colectivo "no es de recibo que a estas alturas nos hablen de generalidades y vaguedades, sin entrar en el fondo del problema. Estas negociaciones con los cargadores no sirven ni servirán para nada mientras no se modifique la Ley de morosidad. Para ello, la normativa que establece los plazos de pago tiene que ser exigente e imperativa, de manera que pueda primar la posición dominante de una empresa sobre otra".
Para ello, ponen el ejemplo de Francia, cuya Ley Gayssot establece sanciones económicas entre 15.000 y 75.000 euros y con responsabilidades penales en caso de incumplimiento: "¿A qué viene ahora hablar del cumplimiento de la Ley de Morosidad que lleva meses y años sin cumplirse y sin introducir ningún cambio?¿cómo se va a hacer cumplir sin exigir a la Administración un cambio en la penalización por su incumplimiento?" .
En cuanto al resto de puntos acordados, Guitrans también tiene un punto de vista, como las cláusulas del precio del transporte, la subcontratación o el aumento de la productividad, en las que se pregunta con qué medidas concretas se van a hacer cumplir.
Algunas organizaciones ya han anunciado la posibilidad de hacer un paro antes del 15 de abril si no se adoptan hechos concretos al respecto, como medidas de presión ante el cierre de empresas en situación delicada.