REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Las pruebas periciales que el equipo de profesionales ha llevado a cabo permiten calcular que la indeminzación estipulada sobre el precio original de compra por camión, en el ciclo de 14 años de cártel (sin tener en cuenta el interés legal del dinero desde la fecha de compra de cada vehículo) podría situarse en una media del 16,35% del precio orginal. Se estima que las indemnizaciones totales a los afectados españoles podrían superar los 700 millones de euros.
La prueba pericial aportada por el bufete CCS Abogados, que se ha hecho en coordinación con equipos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricantes de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos distintos; el primero, a su vez, con dos modelos de contrafactual diferenciada, pero con conclusiones en sintonía en todos los supuestos.
Miguel Caamaño, socio de CCS Abogados, ha explicado que "el resultado de casi dos años de trabajo jurídico y, sobre todo, logístico y pericial, nos permite situarnos ante el tablero que tenemos delante con prudente optimismo".
Inicio del proceso del cártel de camiones
Este proceso legal se inició en 2016, cuando la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones (DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN). Esta última se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel.
La sanción fue impuesta por Bruselas al grupo de fabricantes de camiones por haber pactado los precios de venta de los camiones entre los años 1997-2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de estas tecnologías.
En abril de 2017, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) abrió un concurso entre bufetes de abogados nacionales e internacionales para elegir la firma que llevaría a cabo la reclamación masiva. Meses más tarde, anunció que la firma elegida era la española CCS Abogados. La parte pericial (recabar los documentos necesarios para tramitar las solicitudes y elaborar los informes) tuvo un volumen inicial de 380.000 documentos, sólo para la puesta en marcha de los expedientes.
