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Ante el porcentaje de vehículos de transporte que aún no habrían cumplido la obligación de instalar en todos los camiones y autobuses que hacen transporte internacional el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación, prevista inicialmente para el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite, la Comisión Europea acordó de con los Estados miembros establecer “un período de dos meses de aprendizaje educativo” hasta el 28 de febrero, durante el cual no se aplicaría sanción alguna.
Adaptándose a dicho acuerdo, tanto el Reino Unido como Suiza han comunicado a la Comisión Europea que adoptan idéntica moratoria para todos los transportes internacionales que discurran por sus territorios, solicitando que se les aplique dicha medida a sus transportistas nacionales que circulen por cualesquiera de los países de la Unión Europea.
Moratoria para sustituir los tacógrafos
El Paquete de Movilidad, que aprobó la Unión Europea en 2020, incluyó entre otras medidas legales, la obligación de instalar en todos los vehículos de transporte tanto nuevos como usados que vayan a hacer transporte internacional a partir de 2025 el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación, que entró en vigor en agosto del pasado año, lo que supone que más de un millón de camiones que ahora circulan por las carreteras europeas (de ellos, más de 100.000 españoles) debían haber sustituido sus actuales tacógrafos analógico o digitales no inteligentes que lleven equipados antes del 31 de diciembre.
Sin embargo, diferentes circunstancias han motivado que no toda la flota haya podido llevar a cabo dicho proceso de sustitución o retrofit, entre otras, por el retraso en la producción del nuevo tacógrafo así como por una sobrecarga de trabajo habida en muchos talleres instaladores, lo que ha supuesto que hasta un 15% de los vehículos obligados continúen con los anteriores tacógrafos instalados, según estimaciones oficiales.
Ello motivó que el 18 de diciembre la Comisión Europea mantuviera una reunión con los Estados miembros para analizar la situación, tras la cual se acordó de forma consensuada establecer “un período de dos meses de aprendizaje educativo” sobre la disposición de obligación de modernización para operar vehículos en Estados miembros distintos de su Estado miembro de matriculación y equipados con un tacógrafo no inteligente analógico o digital.