REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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La reciente publicación en el BOE del Real Decreto 1030/2025, que regula la concesión de subvenciones para la obtención de los permisos C y D, ha sido recibida con cautela por parte del sector del transporte de mercancías. No es para menos: el texto supone, por fin, una respuesta concreta a las reiteradas demandas del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Y, sobre todo, aporta un reconocimiento institucional a una realidad denunciada desde hace años: la grave escasez de conductores profesionales.
Celebrar esta medida es lógico. Facilitar el acceso a la profesión es imprescindible y cualquier paso en esa dirección es bienvenido. Los elevados costes de los permisos y de la formación se han convertido en uno de los mayores obstáculos para incorporar nuevos profesionales a un sector que sostiene el 96% del movimiento de las mercancías en España. Un país no puede permitirse poner en riesgo su cadena logística por falta de personal.
Aun reconociendo el gesto, la magnitud del problema exige mucho más. Porque el presupuesto asignado (500.000 euros) solo permitirá que unas 166 personas accedan a estas ayudas. La cifra contrasta con los más de 30.000 conductores que el propio Ministerio reconoce que serían necesarios. Y si además se añade que las subvenciones se reparten entre aspirantes al permiso C y al D, el impacto sobre el transporte de mercancías será, en la práctica, simbólico.
Tampoco ayudan las restricciones de acceso: limitar las ayudas a quienes cursan el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera —una formación disponible en muy pocos centros— o relegar al último lugar a quienes ya cuentan con el CAP, resulta incoherente con la trayectoria formativa habitual del sector, aun reconociendo que supone una mejora respecto del plan inicial tras escuchar al CNTC. El Plan Reconduce necesita ambición real y una visión a largo plazo, que garantice que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral con la capacitación completa, sin asumir costes desproporcionados.
Esta insuficiencia no es un hecho aislado. En la primera junta directiva de CONETRANS bajo la presidencia de Javier Arnedo se pusieron sobre la mesa problemas que comparten un denominador común: la desconexión entre las necesidades reales del sector y determinadas decisiones administrativas.
Uno de los frentes abiertos es el de las sanciones automáticas por restricciones de circulación. La automatización total del proceso sancionador, sin verificación previa por agentes, está generando situaciones injustas, especialmente en el caso de vehículos exentos
Además, la falta de flexibilidad cuando las restricciones coinciden con el final de la jornada impide que muchos conductores puedan regresar a casa tras largas rutas, un problema que afecta directamente a la dignidad laboral, tal y como subraya el presidente de CETM, Carmelo González.
La nueva normativa sobre vehículos euromodulares añade más preocupación. Reducir de 25 a 10 km los accesos desde la red principal deja fuera a polígonos industriales, puertos y zonas logísticas que ya estaban siendo utilizados por estos conjuntos. Tomar decisiones desde un despacho, ignorando informes autonómicos y provinciales, compromete gravemente la operatividad del transporte y multiplica las situaciones de irregularidad, tanto para transportistas como para cargadores.
El sector ha optado por responder con organización, recopilando documentación, unificando criterios y acudiendo a la DGT con argumentos sólidos
Finalmente, emerge una amenaza que inquieta con razón a todas las empresas: la posible implantación de un registro de jornada adicional en detrimento del tacógrafo. Este control debe realizarse con plena seguridad jurídica, aplicando un criterio adecuado a un sector imprescindible, sin el cual la cadena de suministro y la actividad económica se verían seriamente afectadas. De ahí la intención de articular una oposición argumentada y coordinada.
En un momento complejo, el mensaje que resuena con fuerza es el de la unidad. La coordinación entre las asociaciones que integran la CETM y las organizaciones provinciales será determinante para defender al sector, visibilizar sus necesidades y garantizar que las decisiones adoptadas estén conectadas con la realidad de quienes mantienen este país en movimiento.