El Real Decreto-ley 26/2020 publicado en el Boletín Oficial del Estado recoge, en su artículo 30, la posibilidad de que los presidentes de las juntas arbitrales de transporte modifiquen el procedimiento arbitral. Entre otras cosas, el presidente puede acordar prescindir de la vista oral cuando la cuantía reclamada no exceda de 5.000 euros, de las demandas de arbitraje que se hayan presentado desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

La aprobación definitiva del Paquete Legislativo de Movilidad, promovido en abril de 2017 por la Comisión Europea y que incluye proyectos legislativos vitales para el futuro desarrollo del transporte por carretera en la Unión Europea, ha estado sometida a numerosos obstáculos y enfrentamientos entre los Estados miembros, sobre todo, entre los países del Este y del Oeste.

Cada año, en las carreteras españolas se producen más de 90.000 accidentes, con más de 1.600 fallecidos y 9.500 heridos graves. Las principales causas siguen siendo el factor humano y las distracciones. El número de accidentes disminuiría en un 57% si todos los vehículos contaran con sistemas de asistencia a la conducción ADAS, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico. En España, esto supondría 51.000 accidentes menos y un ahorro de 9.600 millones de euros.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto con medidas destinadas a la recuperación del transporte tras la crisis sanitaria del Covid-19. Ábalos ha destacado el papel fundamental que han jugado los transportistas para mantener el suministro y, en este sentido, ha declarado que ahora es “justo” que el Gobierno mantenga el compromiso con el transporte.

La Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia (ASETRABI) y la Asociación Vizcaína de Excavadores (AVE-BIE) han firmado en Bilbao un convenio de colaboración por el que se comprometen a compartir iniciativas y proyectos, así como a identificar oportunidades y líneas de trabajo de interés común.

El documento, firmado por Sonia García, presidenta de ASETRABI, y Amando Astorga, presidente de AVE-BIE, contempla también la defensa conjunta de los intereses de ambas organizaciones ante las instituciones, el intercambio de información sobre aspectos sectoriales, la divulgación de las actividades realizadas a través de sus respectivos soportes de comunicación, la participación conjunta en los foros en los que los dos colectivos compartan intereses y la organización conjunta de jornadas y demás eventos.

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Las empresas del transporte internacional de mercancías por carretera en España sufrirán en el año fiscal 2020 una caída del -17% (unos 5.000 millones de euros) en su facturación, como resultado de las restricciones de transporte y la recesión económica general a causa de la pandemia del coronavirus. Son los datos que revela el informe “Impactos del COVID-19 en el sector del transporte por carretera” que ha realizado la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU).

La Resolución de 14 de enero de 2020 de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante 2020 contempla el levantamiento excepcional de restricciones en función de las condiciones en las que se esté desarrollando la circulación de camiones durante los periodos afectados.

El Ejecutivo ha aprobado el programa "Renove 2020" para la renovación del parque de vehículos a motor. El objetivo de este plan, dotado con 250 millones de euros, es estimular la demanda, activar la producción en España y promover la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes.

La Organización Internacional del Transporte (IRU), de la que es miembro la CETM, ha realizado un estudio para medir el impacto de la COVID-19 en el sector del transporte. La investigación de la IRU revela que la disminución de la facturación de las empresas de transporte de mercancías en todo el mundo será del 18% en 2020, es decir, alrededor de 550.000 millones de euros.

Primero fue el Tribunal Supremo el que declaró nulo el convenio firmado por el Gobierno central, el Ejecutivo riojano y la Dirección General de Tráfico por el que se desviaba el tráfico de camiones de la N-232 a la AP-68 de manera obligatoria. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se reafirma en este sentido, considerando que la Resolución de la DGT de 2017, por la que se establecía el citado desvío de camiones, no se ajusta a Derecho y queda anulada.