Los aspectos más novedosos de esta ley se pueden resumir en tres: los plazos de pago del sector público se reducen a un máximo de 30 días a partir del 1 de enero de 2013, los plazos de pago entre empresas para los pagos a proveedores (que es donde más puede afectar a las empresas de transporte) será de un plazo máximo de 60 días a partir de esa misma fecha, que no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes (es decir, no se admite pacto en contra). Y el tercer punto es que las asociaciones podrán asumir el ejercicio de acciones colectivas de cese y retracción en defensa de los intereses de sus asociados.

Los plazos de pago se referirán a todos los días naturales del año y serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales.

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