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Opinión

Por Redacción 14 Marzo 2016 0

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Manuel F. Rouco Opinión

El pasado 20 de Noviembre el Consejo de Ministros dio luz verde a los Mega-camiones y fueron muchos los fabricantes y cargadores que se alegraron con tal medida. No seré yo quien me oponga a tal manifestación jubilosa, pero todo tiene su aquél; me refiero que tal como se han desarrollando los hechos, no es para tirar cohetes.

En primer lugar manifiesta un fracaso más de cargadores y transportistas, los primeros por presionar a la Administración para que le solucione sus problemas o, meramente, que contribuya a sus pretensiones; y, los segundos, por asumir permanentemente el papel de víctimas, no siendo nunca proactivos adelantándose a los acontecimientos. Ello pone de manifiesto la poca o nula capacidad de negociación entre ambas partes, pues he de recordar que llevaban tres años sin verse las caras en una mesa de negociación.

Entiendo que en estos últimos años de recesión no resultase "oportuno" implantar los mega-camiones, pero ahora que estamos en crecimiento, donde la compra de vehículos por los transportistas está creciendo, sobre todo entre los flotistas más que en los autónomos, dado que éstos tienen menos capacidad de inversión, pero creciendo el sector en su conjunto, por lo que parece razonable aprovechar esta bonanza para implantar tecnologías y métodos avanzados que mejoren la productividad no sólo de la logística sino de la actividad económica en general.

Cerrarse a las innovaciones productivas por no sé qué extraños privilegios, anacrónicos en todo caso, es impropio de una sociedad avanzada y eficiente.

Por otro lado, el proceso de implantación del mega-camión está resultando de una complejidad y lentitud extrema, además de limitativa, por cuanto Tráfico está pendiente de publicar los requisitos para conceder la autorización, la cual, a su vez, se otorgará por un periodo anual y, parece ser, que requiriendo solicitudes específicas para tráficos concretos, que deberán a su vez autorizar las direcciones provinciales de cada Comunidad Autónoma por las que transcurran los tráficos concretos para los que se solicita el "permiso".

Es decir, como si se tratara de un transporte especial de masas indivisibles y, por si fuera fácil, el redoble de tambores anuncia la necesaria aprobación no ya por las direcciones generales de las autonomías respectivas, sino por las direcciones provinciales que las integren; lo que unido a la incertidumbre política que nos empobrece, insensiblemente pero sin pausa, el proceso "autorizatorio" puede resultar esperpéntico; será por lo que ahora se dice que si algo quieres que no funcione o lo haga de forma cara e ineficiente no nombres una comisión, autonomízalo.

El sector tiene muchas asignaturas pendientes y por ello se ha perdido mucho tiempo en desencuentros, de ahí que resulte fundamental por cargadores, transportistas y operadores sentarse a analizar la evolución del sector, poner encima de la mesa cuantas necesidades y problemas se perciban, valorarlos y establecer prioridades, con el fin de proponer y demandar a la Administración pública la ejecución de acciones acordadas por y a favor de todas las partes implicadas, en vez de limitarse, como hasta ahora, a trasladar las respectivas quejas a la Administración, convirtiéndola o, mejor dicho, concibiéndola como juez y parte del proceso en vez de reguladora y verificadora del mismo.

Cámbiese el modelo y acudan a la Administración con propuestas acordadas, no con problemas y quejas para que resuelva a favor de parte y no del conjunto.