REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Suele suceder que en época estival todo lo concerniente a aquellos asuntos que conforman la hoja de ruta del sector del transporte de mercancías por carretera, sobre todo a nivel normativo, quede para el último trimestre del año, pero es que en este 2023 no tenemos claro que ni siquiera se retomen a medio plazo.
Resulta que el pasado 23 de julio tuvimos unas elecciones generales que ha dejado un mapa político de difícil encaje en el Parlamento español. Alberto Núñez Feijóo, ganador de los comicios, tiene muy difícil gobernar por las políticas de vetos interpuestas por algunas formaciones al PP. Por su parte, Pedro Sánchez, el actual inquilino de La Moncloa, sí que se ha apresurado a reconocer que va a intentar formar Gobierno, si bien va a tener que hacer ‘encaje de bolillos’. Puede ser, incluso, que cuando usted lea este editorial ya tengamos presidente, aunque lo veo difícil.
El caso es que todo ello traerá consigo que un buen número de los proyectos de ley que se estaban tramitando en el Congreso cuando se convocó el plebiscito se retrasen en menor o mayor medida. De momento, el Ejecutivo está en funciones y veremos hasta cuándo.
Todo ello, lógicamente, va a perjudicar al transporte, en tanto que preceptos como la Ley de Movilidad Sostenible o la Ley de la Cadena de Transporte, además de la modificación de las masas y dimensiones, con la llegada de las 44 toneladas como algo ya asumido, quedan por el momento en ‘stand by’, con todo lo que ello implica.
El sector espera al nuevo Gobierno
Con respecto al incremento del peso máximo autorizado de los vehículos, tal y como asegura Ovidio de la Roza, presidente de la CETM, es muy posible que la orden ministerial que recoge esta medida no se publique hasta finales de año, dado que la composición del nuevo Gobierno y de sus gabinetes lleva su tiempo. No se atisba ‘fumata blanca’ en este sentido.
En otro orden de cosas, estamos verdaderamente perplejos con la que se ha montado por la posible llegada de los peajes. Ya por lo pronto Pere Navarro, director general de Tráfico, aseguró que era una exigencia de Bruselas, afirmación que tuvo que rectificar ante la ‘llamada al orden’ de la Comisión Europea, que en ningún caso impone esta posibilidad.
No se puede volver a las andadas con anuncios y globos sonda sobre nuevos impuestos y peajes al sector del transporte por carretera
Hasta Pedro Sánchez tuvo que intervenir para aclarar un asunto que tanto preocupa a los españoles como es la imposición de un nuevo impuesto, y no digamos a los profesionales del transporte. Según explicó, lo que ha hecho el Ejecutivo es mandar a la propia Comisión la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por la que se implantará una ley de movilidad sostenible que incluirá la búsqueda de financiación para el soporte de las infraestructuras, y que ello no pasará por la implantación de nuevos peajes a las autovías en 2024.
Es curioso, pero esta rectificación llega cuando desde Bruselas se dio a conocer que el plan español de resiliencia original incluía la opción de introducir un mecanismo de pago por uso de las carreteras a partir del año que viene.
No lo puedo ocultar, quiero creer al presidente del Gobierno cuando declaró que esto ya no es una posibilidad, pero los giros de guion que ha realizado en los años que lleva al frente de la Administración han sido tantos, que uno ya no sabe a qué atenerse.
En cualquier caso, el secretario general de nuestra Confederación, José María Quijano, explica muy acertadamente en un artículo de opinión que recogemos en páginas posteriores que no se puede volver a las andadas “con anuncios y globos sonda sobre nuevos impuestos y peajes al sector del transporte por carretera”. Todo ello lo que hace es distorsionar la marcha de un sector que vive en un continuo sobresalto.
De cualquier forma, nos espera un otoño interesante y esperamos que, gobierne quien gobierne, se retomen con celeridad estos y otros asuntos conocidos que están en la agenda de la CETM, como facilitar el acceso a la profesión ante la falta de conductores, establecer ayudas a la formación y todo lo relacionado con la transición ecológica y los nuevos combustibles, con el establecimiento de incentivos a las empresas para la renovación del parque de vehículos si queremos avanzar en la descarbonización.