REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Existe una máxima de lógica aplastante en cualquier transacción comercial que se precie que dice que las dos partes implicadas en la misma deben tener un mínimo de rentabilidad. Pues bien, en el sector del transporte de mercancías por carretera, aunque parezca mentira, muchas veces no es así; diría que demasiadas.
No es cuestión de valorar por qué se ha llegado a esta situación y de quién es la culpa, no, es momento de revertir un escenario nocivo que amenaza a miles de transportistas, que no tienen nada claro poder seguir ejerciendo su profesión con un mínimo de dignidad.
Pero para ello es necesario que se den una serie de cambios estructurales que garanticen precisamente no trabajar por debajo de costes. En este sentido, en los últimos meses se ha avanzado mucho, seguramente más que nunca, gracias a todos los acuerdos (históricos, siempre reitero) alcanzados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Ahora bien, cuando se cimenta sobre una base es necesario que ésta sea lo más sólida posible, y es algo que el sector viene reclamando con la conocida como ‘Ley de la Cadena de Transporte’ que, entre otras cosas, elimine los desequilibrios actuales en la contratación del servicio.
Transportes se comprometió hace unos meses a tener lista dicha ley el 31 de julio, y bajo el paraguas del Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica, aprobado el 1 de agosto así debería haber sido. Y es que si el borrador presentado al Comité Nacional generó muchas dudas y fue rechazado en tanto que suponía un paso atrás a los términos conforme a los que se había venido desarrollando la negociación hasta ahora, el texto definitivo sigue despertando recelos.
Tal y como aseguran desde el ministerio, el decreto aprobado “refuerza la posición del transportista efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales”. Además, recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los costes individuales efectivos asumidos por el transportista.
Es necesario que se den una serie de cambios estructurales que garanticen no trabajar por debajo de costes
Importante señalar, por el recorrido que tendrá, que se incluirá un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de estos preceptos con sanciones de hasta 4.000 euros, lo que no es baladí.
Sea como fuera, desde el Comité Nacional se han apresurado a destacar que el texto conocido es del todo insuficiente, ya que no contiene los requisitos de seguridad jurídica mínimos que permita su aplicación real en el mercado. Y es que, aduce, “deja de lado cuestiones nucleares como la limitación de la subcontratación, para cuyo desarrollo se establece un periodo de seis meses”.
El propio Ovidio de la Roza, presidente de la CETM, tiene claro que dicha cadena de subcontratación sigue sin estar “topada” en la norma, y es algo que hay que solucionar.
Habrá que ver si el sector puede esperar tanto, porque el tiempo apremia más que nunca, y para muchos puede ser ya tarde viendo como suben los costes y la economía comienza a ralentizarse.
En cualquier caso, De la Roza asegura que, según está redactada la ley, y aun reconociendo que tiene aspectos positivos, es inaplicable y ve difícil que no se pueda trabajar por debajo de costes. Pero, ¿qué costes?, ¿cuándo y de qué manera se van a fijar?, se pregunta. Esperemos que no se convierta en un elemento distorsionador del mercado, por aquello de negociaciones “oscuras” entre las partes.
Por cierto, el RDL recoge un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y pasajeros por valor de 450 millones de euros, en el que se incluye por primera vez a los vehículos dedicados al transporte de mudanzas, que de forma incomprensible se quedaron fuera de la partida del pasado mes de marzo. Un logro para un subsector muchas veces maltratado.