La subida de los costes del combustible, la elevada morosidad, la fiscalidad en auge y la absoluta imposibilidad de conseguir financiación, debido a las mayores exigencias de provisión a los bancos, por parte del Gobierno, configuran un adusto panorama en el que la dura competencia entre transportistas está rompiendo cualquier atisbo de rentabilidad. Asistimos, impotentes y perplejos a toda suerte de prácticas que creíamos ya en desuso, como la comercialización de las cargas sin tener vehículos, utilizando para ello la subcontratación total, hecho que acaba cargándose la cadena de suministro, por la parte más débil, evidentemente, porque los cargadores faenan en río revuelto y algunos hasta confiesan no entender cómo es posible bajar aún más los precios de los servicios sin que se hunda el sistema.
Un sistema que puede tener otras complicaciones añadidas, como la pretendida “desaparición” del régimen de módulos - según el anteproyecto de Ley de Hacienda para eliminar el fraude fiscal-, puesto que afectaría a la práctica totalidad de los transportistas autónomos. Ustedes, como yo, probablemente no crean en brujas, pero “haberlas…”, al igual que el fraude, pero no por ello se puede tirar la línea por debajo de los 50.000 euros, cuando ahora está en los 450.000 de facturación anual. En un asunto tan complejo es necesario buscar el equilibrio y estudiar con calma todas las aristas del problema, abrir –como ya se está haciendo en el seno de CONETRANS y CETM- el debate y plantear todos los argumentos, para sacar las mejores conclusiones para todo el sector. Ya han comenzado, también, las discusiones sobre la reforma de la LOTT y su Reglamento, que recogerán modificaciones sustanciales sobre asuntos de gran calado, como la reducción general de la cuantía de las sanciones; el régimen jurídico de las autorizaciones; el acceso al mercado, los visados, las inspecciones y otros muchos temas que conformarán la norma por la que se regirá nuestro sector.
Por las informaciones a que ha tenido acceso esta publicación, creemos que se lograrán introducir cambios que beneficiarán y potenciarán el desarrollo de nuestra actividad. Sí podemos avanzar que se penalizarán más las infracciones muy graves; que habrá un mayor rigor para el cumplimiento de requisitos (locales, vehículos, transmisibilidad de “tarjetas”, funciones del gestor de transporte…), y que habrá una reducción de las cargas administrativas para las empresas. Quiero resaltar, por otra parte, los planteamientos realizados en el I Encuentro sobre los Corredores de la Red Transeuropea de Transportes, auspiciado por ACTE, nuestra Asociación de Centros de transporte y Logística de España, con la colaboración de la CETM y de la Comisión de Intermodalidad del Consejo Nacional del Transporte.
Con la ausencia a todas luces injustificada de Fomento y Renfe, representantes de CCAA, Autoridades Portuarias, Operadores ferroviarios, intermodales y logísticos y, por supuesto, empresarios de transporte, han analizado a fondo todas las variables de este complejo entramado. Lo importante, en suma, es el papel que, a juicio de casi todos los intervinientes, debe jugar el transporte de mercancías por carretera en esta red con conexiones a los puertos. Un rol importante e imprescindible, de coordinación entre modos, porque la carretera tiene las cargas y mantendrá siempre su cuota de mercado, porque su eficiencia le garantizará, a pesar de todos los avatares que estamos padeciendo, el futuro.