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Pese a que ya hay una fecha inicial y un calendario de movilizaciones, las negociaciones entre patronal, sindicatos y Administración continúan. La actividad de carga y descarga de las mercancías que entran y salen de España por vía marítima está valorada en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de lo se exporta y el 65% de lo que se importa.
Algeciras, el puerto más importante de España en cuanto a volumen de mercancía y tráficos, y donde trabajan 1.800 de los 6.000 estibadores del país, ha recibido la visita de los representantes del Consejo Internacional de Estibadores (IDC), que se ha reunido en la ciudad gaditana para analizar el conflicto y buscar soluciones.
Según Jordi Aragunde, representante español del IDC, hay tres posibles escenarios: el primero, que el Gobierno presente un decreto, trasponiendo la Directiva que obliga a la liberalización del sector, como ocurre en el resto de países. En este sentido, según Aragunde, "se plantearían movilizaciones en las embajadas de todo el mundo para pedir consenso al Gobierno".
El segundo escenario sería pedir una receso en el diálogo social que mantienen el consejo de estibadores y la Unión Europea. En este caso, se pediría una paralización de las conversaciones hasta que se llegue a una solución.
Y en tercer lugar, si sale adelante el decreto sin llegar antes a un acuerdo, "plantearemos movilizaciones en Europa y el mundo como apoyo a los compañeros" señaló Jordi Aragunde. También se prevé que si se publica el decreto y se producen despidos, "la comunidad de la estiba daría un trato diferencial a la mercancía que llega a los puertos, siempre dentro de la legalidad".
La postura de Fomento
Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado que "hay tiempo más que suficiente para el diálogo en torno a la reforma del sector de la estiba si hay voluntad y se quiere llegar a un acuerdo en el marco de la negociación colectiva". También ha subrayado que sindicatos y patronal tienen la obligación de dialogar y alcanzar acuerdos, evitando generar un daño importante a España y al conjunto de la economía.
También ha destacado la obligación de acatar la sentencia impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y evitar una sanción que supondría "un gran impacto al bolsillo de todos los españoles".
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