La Federación ha mantenido recientes contactos con distintos responsables del ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de que se realicen más inspecciones de trabajo a las empresas que están compitiendo en el mercado de forma irregular.
“Queremos también –aseveró Feltrero- que exista una coordinación entre Empleo y las inspecciones de Trabajo de las diferentes provincias, con el fin de hacer más efectiva esta lucha contra la economía sumergida y contra las empresas que se dedican a esta actividad sin tener el epígrafe que las acredita para realizar este trabajo, como algunas de paquetería y las de gestión”.
Por su parte, Pablo Martín Gutiérrez, presidente de la Organización Castellana de Empresas de Mudanzas (OCEM), que opera en la CA de Madrid, fundamentalmente, cifró la bajada de trabajo en esta región en más del 45%, “hecho que ha propiciado una reducción de nuestras plantillas superior al 50%, incrementando el paro en nuestra Comunidad Autónoma”. “Somos –insistió- un sector olvidado por parte de la Administración, que no persigue como debiera el intrusismo. La falta de profesionalidad y la entrada de empresas “piratas” nos está abocando al caos, pues los servicios se realizan al 40% de nuestros costes reales”.
Desde FEDEM advierten que mientras las grandes empresas de mudanzas pierden efectivos, emergen otras formadas por autónomos que trabajan en la economía sumergida. De alguna forma este sector viene a ser el “refugio” de mucha gente que adquiere una furgoneta (la nueva Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, LOTT, no exige autorización para los vehículos de menos de 3,5 Tm) y se dedica a hacer mudanzas.
Tenemos, en definitiva, un sector que debe contar con personal cualificado, pero que ahora tiene precariedad en el empleo, un hecho que se agrava por la actuación de la Administración, quien contrata también a compañías no aptas para este servicio y que además realiza subastas, después de haber recibido ofertas.