
Debido a las diferencias (de hasta un 96%), IRU también pide que todos los modos de transporte profesional paguen el mismo impuesto sobre el combustible para mantener el rumbo de los planes de descarbonización, así como para acelerar las medidas de eficiencia mediante el transporte por carretera y los camiones ecológicos.
En medio de una mayor inseguridad energética y un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de combustible, para la IRU es necesario que todos los combustibles alternativos y existentes (bajos o nulos) sigan siendo operativos. "Los gobiernos deberían revisar con cuidado las políticas de descarbonización para planificar un cambio más gradual hacia los combustibles renovables, más allá de los vehículos eléctricos de batería, y reducir las distorsiones de mercado, como el cobro a los usuarios de la carretera y las zonas de emisiones cero que excluyen las opciones de combustibles de bajo carbono ya operativas, como el biodiésel y el bioGNL".