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El objetivo de la reforma legislativa es, según la Comisión Europea, "mejorar las normas para evitar fraudes y abusos, como la creación de sociedades ficticias, también llamadas empresas-fantasma". En este sentido, la Bruselas considera necesario actuar contra las empreas deslocalizadas que se establecen en otros Estados miembro sólo para obtener menores costes sociales y fiscales pero que, en la práctica, continúan operando en sus países de origen.
Para luchar contra este fraude, la Comisión va a establecer una nueva regulación que obligue a las empresas transportistas que se establezcan en un Estado miembro a "tener una presencia y actividad concretas en dicho país".
Asimismo, la Comisión Europea insiste en la necesidad de que las autoridades nacionales de los diferentes Estados miembros cooperen "más estrechamente para descubrir sociedades ilegales y adoptar las medidas necesarias para evitar que tengan acceso al mercado".
Con relación a la normativa sobre desplazamiento de los trabajadores, la Comisión Europea considera necesario "aclarar y simplificar las normas de la Unión Europea para hacer frente a las dificultades jurídicas y prácticas que plantee su aplicación, como consecuencia de las diferentes regulaciones planteadas hasta la fecha por los Estados miembros que ya han traspuesto dicha reglamentación".