
El Ministerio de Fomento ha trasladado a la subcomisión parlamentaria de infraestructuras la necesidad de buscar una fórmula que asegure el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de unos 11.000 millones de euros, una cuestión que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000, en la actualidad) y cada vez menos ingresos.
El pasado 1 de diciembre, se levantó el peaje de la autovía AP-1 entre Armiñón (Vitoria) y Burgos, tras 44 años como vía de pago. La consecuencia directa de esta medida fue que 43 de los 111 empleados que trabajan para la concesionaria Europistas se vieron afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE).
El Gobierno prepara el pliego de condiciones del contrato de conservación de los 373,8 kilómetros de la autopista AP-7, entre Alicante y Tarragona, que ascenderá a 16 millones de euros al año
También está en proyecto asumir la titularidad de la autopista entre Sevilla y Cádiz, de 93 kilómetros, que registra más de 18.000 usuarios diarios, y que fue inaugurada en 1971. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se comprometió, durante la campaña electoral, a adelantar la liberalización del peaje a principios de 2019, mediante una indemnización a la concesionaria pero, de momento, el Gobierno regional no ha hecho nada en este sentido.