El plan se somete a un proceso de participación pública, en el que podrán intervenir todos los actores interesados, y que incluirá conferencias sectoriales y específicas para alcanzar el mayor consenso posible.

 La ministra de Fomento iniciará el trámite de audiencia pública con su comparecencia en el Congreso en período de sesiones para informar a los grupos parlamentarios del contenido del Plan, y posteriormente a las administraciones públicas, autonómica y local, organizaciones empresariales y sociales, asociaciones representativas en el sector. Además, se procederá al trámite de evaluación de impacto medioambiental.

El Plan potencia el mantenimiento de las infraestructuras existentes, y garantiza la movilidad mediante la prestación de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en condiciones de calidad.

Asimismo, impulsa la participación del sector privado en las inversiones, la optimización del uso de las infraestructuras y la mejora de la competitividad.