Para el Comité Nacional de Transporte por Carretera, las medidas aplicadas por la Generalitat de Cataluña sobre la prohibición de que los camiones circulen por las carreteras nacionales N-340 y N-240, obligándoles a tomar las autopistas de peaje AP-7 y AP-2, son "discriminatorias, tanto por la obligatoriedad establecida a los desvíos de los camiones a las autopistas de peaje frente a su carácter voluntario para el resto de vehículos, como por el reducido importe de la bonificación (50%), así como por la atribución injusta y populista de siniestralidad de las carreteras al sector del transporte, ya que ello no se ajusta a la realidad, al ser, precisamente, los vehículos de transporte de mercancías las únicas categorías de vehículos que vieron reducida su siniestralidad en 2017, según los datos anuales publicados por la DGT".
El pasado 2 de septiembre entró en vigor la restricción a la circulación de camiones de cuatro o más ejes por la N-340 y la N-240 a su paso por las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y Barcelona, lo que afecta a más de 4.000 camiones diarios. La medida se llevó a cabo mediante la aprobación de sendas resoluciones por parte de la Dirección General de Tráfico y del Servei Catalá de Transit de Cataluña, así como por parte del Ministerio de Fomento en lo relativo al cumplimiento de determinados descuentos por el uso obligatorio de la autopista.