Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, respondió a una pregunta de un medio de comunicación especializado en transporte sobre las reclamaciones planteadas al Gobierno por el transporte de mercancías por carretera que, de no ser atendidas, derivarán en un paro empresarial de transporte los próximos días 27 y 28 de julio, afirmando que el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, “daría respuesta a la gran parte de las demandas del transporte”.

Ante estas declaraciones, y una vez estudiado el contenido de dicho Real Decreto-ley, la CETM quiere aclarar que, si bien se atienden de manera global algunas de las medidas solicitadas, como el mantenimiento de los ERTEs o el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos, lo cierto es que, en contra de lo expuesto por la ministra portavoz del Gobierno, "seguimos sin recibir una respuesta a la inmensa mayoría de las reivindicaciones específicas para el transporte de mercancías por carretera que presentamos hace casi un mes, a través del Comité Nacional de Transporte (CNTC), al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ávalos, y que éste se comprometió a abordar de manera inmediata".

Qué pide el transporte al Gobierno

Las reivindicaciones presentadas por el Comité Nacional del Transporte por Carretera han sido las siguientes:

• Oposición a la tarificación de las infraestructuras y al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje
• Modificación de la Ley de Contrato de Transporte, derogando la posibilidad de pacto en contrario
• Oposición a la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías hasta que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes
• Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia desleal
• Coordinación de planes de movilidad. Negociación y racionalización en la política de transición ecológica
• Armonización fiscal en el transporte. Entrada en vigor de lo previsto en la Ley de IRPF a partir del 1 de enero de 2022
• Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria. Con certificación de área segura
• Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional. Creación de un régimen alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 toneladas de MMA
• Mantenimiento de las ayudas al abandono de la actividad y a la formación
• Requerimiento al Gobierno para que inste las medidas legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del transporte, incorporando al ordenamiento español normas ya existentes en derecho comparado

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