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En febrero de 2018, el operador de transporte y distribución de paquetería industrial Transportes Martínez Souto, S.L. cesó en la prestación de servicios a sus clientes y el impago a buena parte de sus proveedores, entre otros, los más de 700 transportistas que trabajaban de forma habitual para dicho operador logístico.
Ello obligó a la empresa a la tramitación del correspondiente concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, por tener allí su sede principal, comprobándose que la deuda acumulada superaba los 70 millones de euros.
Durante todo este tiempo, se ha puesto en evidencia la existencia de importantes irregularidades en su gestión, que llevaron a la situación de suspensión de pagos en que quedó la empresa de transporte.
Esta sentencia imposibilitará que los cientos de transportistas afectados puedan cobrar los importes que les adeudaba la empresa, al no tener masa activa suficiente para hacer frente a las deudas de los acreedores
Así lo ha acreditado el administrador concursal designado por el juzgado para la gestión provisional de la compañía quien, en su informe emitido a finales de año puso de relieve algunas actuaciones relevantes que originaron tal insolvencia, como su excesiva exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa rentabilidad (pese a ser una empresa dedicada al transporte de mercancías y no al sector inmobiliario), con deudas de hasta seis millones de euros a finales de 2014.
Pruebas de insolvencia y gestión de dudosa rentabilidad en Transportes Souto
Otra prueba aportada en el informe se refiere a las inversiones financieras a corto plazo realizadas por la empresa, compuestas de forma casi íntegra por un crédito a favor del socio y administrador Jesús Martínez Souto, que alcanza los 13,7 millones de euros.
Asimismo, la administración concursal manifestó su sorpresa por la paralización “repentina y radical” de la actividad de Transportes Souto, que se llevó a cabo a mediados de febrero de 2018 que, a su entender, se realizó “de forma precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”. Hay que tener en cuenta que, en 2017, la empresa de transporte facturaba 77 millones de euros.
Ambos motivos son los que han llevado tanto al administrador concursal como al Ministerio Fiscal a solicitar que el concurso de acreedores fuera declarado culpable. Sin embargo, la jueza que lleva el caso desmonta tales argumentos, al considerar que “no hay pruebas suficientes que permitan imputar culpabilidad alguna” por lo que desestima su pretensión y declara el concurso como fortuito.