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Aunque las autoridades baleares argumentan que estos objetivos se alinean con la visión más prudente de los países europeos (que están aprobando plazos incluso más cortos para esta prohibición), desde la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) aseguran que "ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante".
"Si bien no se puede negar que varios países europeos han anunciado medidas para la descarbonización del parque automovilístico, el fondo y la forma difieren en puntos fundamentales, sobre todo, respecto del carácter prohibicionista que presenta el proyecto de Baleares". La asociación señala que "pocos países han tomado medidas legislativas concretas con respecto a los programas de incentivos o la finalización de las ventas de vehículos de combustión interna. Además, en todos los casos, la acción legislativa aprobada no es vinculante, sino que las restricciones se articulan a través de documentos estratégicos que señalan objetivos".
"Desde Anfac, no podemos apoyar medidas basadas en el proteccionismo y contrarias al principio de neutralidad tecnológica"
Lo que sí se ha establecido en varios países europeos son limitaciones a la circulación de vehículos de diésel o gasolina en zonas denominadas de "bajas emisiones" en entornos urbanos, en función, en varios casos, de un etiquetado ambiental que discrimina a los automóviles por su potencial contaminador, que depende de su antigüedad, en la mayoría de los casos.
"En todos los casos, las medidas de restricción vienen acompañadas de abultados presupuestos orientados a la descarbonización del transporte desde distintos puntos de vista: ayudas directas a la renovación del parque (con vehículos de combustión) o a la adquisición de vehículos cero emisiones, hasta impulso a la instalación de infraestructuras, mejora de la movilidad ciudadana o apoyo a las inversiones industriales" afirma la asociación de fabricantes.
Cómo está legislando Europa, país por país
Reino Unido
Este país cuenta con la estrategia denominada Road to Zero, que no tiene rango de Ley. Establece el objetivo de que, en 2040, todos los coches y furgonetas nuevas sean cero emisiones y que todo el parque esté descarbonizado en 2050. No prohíbe tecnologías en particular. Una de las principales metas de la estrategia es "mantener a la industria automovilística británica como líder en el diseño y fabricación de vehículos cero emisiones". Cuenta con un presupuesto de 2.700 millones de libras (más de 3.000 millones de euros) para la descarbonización del transporte, de los que 1.500 millones (1.700 millones de euros) están directamente dedicados a ayudas a la compra de vehículos cero emisiones y despliegue de infraestructuras, así como a la financiación de proyectos industriales y de I+D.
Francia
La Ley de Ordenación de la Movilidad, cuya publicación está prevista para las próximas fechas, enfoca la mejora de la movilidad desde un punto de vista amplio, abarcando el vehículo privado y la mejora de las infraestructuras ferrovarias o las carreteras. El país vecino incentiva la renovación del parque automovilístico con vehículos eléctricos o combustión con emisiones menores a 130 gr CO2/km, ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos y medidas de modernización de las redes. Incluye una partida para el desarrollo de una movilidad limpia y compartida. El presupuesto total comprometido asciende a 20.700 millones de euros.
Alemania
Las autoridades alemanas han desarrollado un Plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica, con un presupuesto comprometido de 3.200 millones de euros. El plan incluye 1.200 millones de euros para subvenciones de hasta 3.000 euros por vehículo (en caso de la compra de un híbrido) y de hasta 4.000 euros si se trata de un eléctrico. Crea un fondo de 300 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga y dedica 2.200 millones de euros a potenciar la investigación en movilidad eléctrica.
Países Bajos y Dinamarca
Ambos países coinciden en la necesidad de descarbonizar el transporte, pero también la generación de energía. Holanda pretende eliminar el carbón y el gas del mix energético y que el 100% de los vehículos nuevos sean cero emisiones en 2035. Por su parte, Dinamarca apunta a que el suministro de energía para el transporte provenga de fuentes renovables en 2050, lo que implica que el sector energético tendrá que afrontar una transición ecológica en los próximos años. En ambos casos, se ha dotado de ayudas fiscales a la compra de vehículos cero y bajas emisiones.
