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Otra de las medidas que se incluyen en la ley para las Islas Baleares es que ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de esas fechas. Tampoco los concesionarios radicados en las islas podrán vender vehículos de nuevas tecnologías, como sí pueden hacerlo los ubicados en la Península Ibérica, con el consiguiente impacto económico.
Para Anfac, estas medidas son "arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas, están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico y suponen un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea. También van en contra de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, además de ser inéditas en toda Europa". La prohibición pretende "atajar un supuesto problema de calidad del aire, cuando la calidad del aire en las Islas Baleares es, entre buena y excelente, sobre la base del Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares".
En opinión de la asociación, "no puede ampararse así en la excepción de la protección del medio ambiente y la salud de las personas, porque no concurren los requisitos necesarios".
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A su juicio, la prohibición incumple "flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos a motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e, incluso, de manera subsidiaria, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías" afirman en la denuncia.
Para Anfac, la norma supone "un grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá efectos muy negativos para el sector de automoción"
Por ello, la asociación va a solicitar a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares, como la suspensión de la prohibición. Además, pedirán al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.
Los fabricantes de vehículos destacan que la prohibición contempla que se introducirán "excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma". A su juicio, estas excepciones "son susceptibles de ser discriminatorias, en la medida que tratan de forma diferente a los vehículos de servicio público o alos radicados en las Islas Baleares con anterioridad. Es evidente que las empresas y ciudadanos que no residan en las Islas no podrán, en términos generales, beneficiarse de esta excepción y circular con sus automóviles".
La asociación señala que sus alegaciones y propuestas en la redacción del proyecto de Ley no han sido consideradas y, "dado el importante daño que se infringe al mercado, nos hemos visto motivados a tomar esta vía europea para que impida, con la mayor agilidad, el despliegue de los efectos de la prohibición".
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) ha anunciado que respalda la denuncia de Anfac ante la Comisión Europea sobre la prohibición de circulación de los vehículos de combustión en Baleares. En su opinión, de aprobarse esta norma, pondrá en serio peligro el sector de la distribución y reparación de vehículos en las Islas, ya que los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión, que en la actualidad representan el 99% de las matriculaciones. Según sus datos, los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000 de manera indirecta.