El pasado año entraron en la Unión Europea más de un millón de personas sin papeles y, desde que comenzó 2016, se calcula que lo han hecho otras 30.000. En principio, la presión está en Grecia, que es el Estado que más refugiados está recibiendo.

En el consejo de ministros del Interior de la UE, celebrado en Ámsterdam, la mayoría de los Estados pidieron que se aplicara el artículo 26 del Código Schengen, que supone la reintroducción de los controles fronterizos por un periodo máximo de dos años.

Ahora, es la Comisión Europea la que tiene potestad para aprobar la propuesta o desestimarla. Bruselas debe hacer un evaluación de la situación en las fronteras exteriores de la Unión Europea para ver cómo están los flujos migratorios. Crearía un plan con medidas para solucionarlo, con un plazo estimado de tres meses. Pasado este tiempo, y si el problema sigue sin solucionarse, tendría que proponer al Consejo, a los ministros y a los Jefes de Gobierno, la vuelta de los controles fronterizos, con las consecuencias que eso tiene para el transporte.

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