Aunque ciertas iniciativas pueden parecer positivas a priori, la realidad es que ponen de manifiesto una desconexión total con la situación económica de las empresas de transporte, ya que su impacto real "dista mucho de favorecerlas en algo" señalan sus integrantes. A ello se suma una bonificación anunciada de 20 céntimos por litro que, en la práctica, "no alcanza esa cifra ya que el descontar los cinco céntimos correspondientes al gasóleo profesional, la ayuda efectiva se reduce a apenas 15 céntimos por litro".

Además, el Ejecutivo no ha garantizado que este descuento se traslade de forma íntegra al transportista ni que quede fuera de los mecanismos de indexación del combustible –al igual que debería ocurrir con la reducción del IVA-, lo que podría derivar en una situación paradójica: una bajada forzada de tarifas en plena escalada de costes.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera insiste en la necesidad de mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional, más allá de la coyuntura actual, así como en la implantación urgente de una cláusula de indexación flexible

Esta debe permitir ajustar el peso porcentual del combustible en los costes de explotación de una empresa de transporte en función del precio del litro del gasóleo y facilitar revisiones de precios con carácter diario o, como mínimo, semanal, evitando que el transportista asuma en solitario fluctuaciones bruscas del mercado energético.

Cuánto han subido los costes al transporte desde el comienzo de la guerra de Irán

La gravedad de la situación queda patente en los datos: desde el inicio del conflicto, cada camión está soportando un sobrecoste medio cercano a los 600 euros semanales en combustible, un sobrecoste para el transporte de casi 450 millones de euros que, en la práctica, está siendo asumido íntegramente por el propio transportista ante la falta de mecanismos de actualización inmediata de precios.

"Esta situación evidencia la urgencia de aplicar herramientas eficaces, como las que estamos reclamando, que permitan trasladar estos incrementos de forma automática y justa a lo largo de la cadena logística" señalan fuentes del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Así, la bonificación al combustible "ni es suficiente ni está garantizada para el transportista", por lo que, en la práctica, esta ayuda puede diluirse dentro de la cadena de costes, dejando a las empresas en una situación idéntica o incluso más comprometida, por lo que "se hace imprescindible una ayuda directa que compense las pérdidas acumuladas desde el inicio del conflicto".

De forma paralela, el Comité Nacional advierte de que "las ayudas no deben estar condicionadas por limitaciones como las del régimen de minimis, ya que este tipo de restricciones impiden que las empresas de un determinado tamaño puedan acceder a un apoyo proporcional al incremento real de sus costes, reduciendo drásticamente la eficacia de cualquier medida".

“El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”, advierte Javier Arnedo, presidente del CNTC

En consecuencia, el Comité Nacional se muestra "decepcionado y desconcertado, ya que lo que se nos trasladó en las reuniones de la semana pasada con el ministro de Transporte dista mucho de la realidad de las medidas finalmente adoptadas y subraya la necesidad urgente de convocar una reunión con los ministros de Transporte, Economía y Hacienda para avanzar de manera inmediata en un segundo paquete de medidas que corrija las actuales deficiencias y garantice la viabilidad del transporte".

Asimismo, el sector hace un llamamiento directo a los cargadores para que apliquen correctamente, adaptándolo a los costes reales y con rapidez, la cláusula del gasóleo, recordando también que la Ley de la Cadena de Transporte —impulsada en 2022 por el Comité— prohíbe, de forma explícita, operar por debajo de costes.

Aviso del Comité Nacional del Transporte a las petroleras

El Comité lanza también un aviso firme a las petroleras, que aplican subidas inmediatas del precio del combustible cuando el petróleo aumenta, "pero retrasan de manera injustificada cualquier reducción cuando éste baja", y exige que el Gobierno, tal y como se ha comprometido, "supervise de forma estricta estas prácticas e imponga sanciones contundentes si es necesario, para evitar que los transportistas sigan cargando con sobrecostes abusivos derivados de un mercado desequilibrado e injusto".

El mensaje al Gobierno es el siguiente: "sin una rectificación inmediata, y antes del 27 de marzo, la viabilidad del transporte está seriamente comprometida". De prolongarse esta situación, España podría enfrentarse a un escenario real de interrupciones en la cadena logística, con graves tensiones en el suministro de bienes esenciales derivada de la paralización progresiva de empresas incapaces de sostener su actividad con márgenes negativos.

Además, "no descartamos posibles movilizaciones y protestas masivas ante el descontento generalizado de transportistas autónomos y empresas que ven peligrar su supervivencia. El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”, advierte Javier Arnedo, presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera.