REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Ambas asociaciones explican que “se está proponiendo una ley foral a partir de un único estudio que, además de estar viciado, resulta discriminatorio”. Se refieren al estudio sobre la procedencia de los vehículos pesados circulantes por las cinco vías en las que se quieren instalar los peajes (la A-1, la A-10, la A-15, la A-69 y la N121-A).
Indican que, tras ver el estudio, “ya denunciamos que estaba equivocado: se realizó en unas fechas de verano muy poco representativas de la circulación habitual y sólo se tuvieron en cuenta los vehículos cuyas matrículas se registraron en la entrada y en la salida de cada vía, por lo que no se recogió la circulación de los puntos intermedios, que es justo la del transporte local que va a pagar los peajes”.
Añaden que “de haber existido un diálogo fluido con el transporte, se habría realizado otro estudio, como pedimos, que incluyera las matrículas en todos los puntos intermedios, de forma que no sólo se midiera el transporte de fuera de Navarra, obteniendo unos resultados equivocados y discriminatorios según la procedencia, manipulando el resultado a favor de los intereses del Gobierno”. Concretan, asimismo, que “si se hubiera mantenido un diálogo fluido con el sector, también se hubiera realizado, al menos, una medición del impacto económico que los peajes van a suponer tanto para el transporte como para la economía en Navarra”.
Precedentes con el peaje guipuzcoano
Explican que “la medición del impacto económico en el transporte y en Navarra es fundamental antes de tomar cualquier decisión”. Señalan haber transmitido anteriormente esta “preocupación” al Parlamento de Navarra: “les informamos de la disminución de empresas del transporte en Guipúzcoa desde la implantación de los peajes en enero de 2018, y que supuso una pérdida del 7,5% de empresas de las que tenían en sólo dos años, hasta febrero de 2020, antes de la pandemia, pues desaparecieron 148 empresas dedicadas al transporte en dicha provincia”.
En lo que respecta a la economía navarra, remarcan que “se debería estudiar la afección que va a tener esta medida en una sociedad que está sufriendo los efectos de la inflación, a lo que se va a sumar la pérdida de competitividad de nuestros productos, cuyo transporte desde origen resultará más caro con los peajes”.
Aparte, “Europa ha modificado la directiva euroviñeta este año, eliminando del título la referencia a vehículos pesados, por lo que pronto se extenderán a todos los vehículos”. Terminan su negación a esta ley foral señalando que “en el resto de las comunidades autonómicas, las carreteras se pagan entre todos” y preguntan “¿qué va a ser lo siguiente: que cada usuario del sistema de Salud o de Educación abone una parte porque no haya ingresos suficientes? Nuestro NO es rotundo”, concluyen