REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Asimismo, ha destacado la contribución que el transporte por carretera ya hace a las arcas autonómicas: “Este sector aporta el 7% de la recaudación total tributaria navarra y las carreteras exigen inversiones, pero esas inversiones ya las pagamos con nuestros impuestos”. Sin embargo “el Gobierno foral no se plantea recortar el gasto público ni reducir su tamaño ni el de su gigantesca Administración, ni cerrar chiringuitos. Al contrario: en verano crearán un chiringuito” en referencia a la nueva empresa pública que se va a constituir para gestionar los futuros peajes.
Cabe recordar que, el pasado 5 de mayo, los Grupos políticos que forman el Gobierno foral (Partido Socialista de Navarra, Podemos, EH Bildu y Ezquerra) registraron en el Parlamento Foral una proposición de ley reguladora del canon de uso de uso de las carreteras para su tramitación urgente, con el objetivo de poner en marcha, antes de diciembre de 2023, el cobro de peajes a los camiones de más de 3´5 toneladas de masa máxima que circulen por cinco de las vías principales que discurren por territorio navarro, en concreto, las autovías A-1, A-10. A-15, A-68 y la carretera N-121.
No sin el transporte
En su respuesta, la ministra de Transportes ha insistido en que la intención de su Gobierno nunca ha sido imponer el establecimiento de peajes, sino que su objetivo es “abordar el futuro y la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado, y para ello, por supuesto que consideramos imprescindible lo hemos considerado siempre y lo vamos a seguir considerando en adelante el consenso y la situación económica”.
En ese sentido, se ha reafirmado en su intención de “iniciar un diálogo abierto y transparente con los grupos políticos, los agentes sociales y también los territorios, y con el sector del transporte, que tenemos que ser capaces de encontrar un modelo que sea sostenible, que haga sostenible ese sistema de financiación de las carreteras, pero que también permita una competitividad evidente que nos reclama y que merece el sector del transporte”.
La negativa del Gobierno de Navarra a consensuar su aprobación con el sector podría obligar a las asociaciones de transportistas a impugnarla por vía judicial, como ya ocurrió en el caso de los peajes a camiones aprobados por la Diputación de Guipúzcoa y que supuso su anulación por el Tribunal Superior Vasco, y ratificado más tarde por el Tribunal Supremo.