REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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La medida estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026 y afecta a las empresas transportistas que tienen derecho a la devolución parcial del impuesto por el uso de gasóleo profesional. La norma también contempla ayudas directas para los transportistas que no pueden acogerse a dicha devolución.
En el caso del gasóleo y la gasolina de uso general, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos queda fijada en cinco céntimos por litro en septiembre, frente a los 10 céntimos de agosto y los 15 céntimos de julio.
La norma prevé una cláusula de salvaguarda que permitiría ampliar la rebaja fiscal si el IPC de la gasolina o del gasóleo registrase un incremento superior al 15% respecto al mismo mes del año anterior.
Quién puede beneficiarse
La ayuda al gasóleo profesional se dirige a los titulares de los vehículos incluidos en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales, siempre que tengan derecho a la devolución parcial del impuesto correspondiente al gasóleo de uso profesional.
El Real Decreto-ley también establece una ayuda directa extraordinaria para las empresas y autónomos del transporte por carretera que no puedan beneficiarse de esa devolución. Entre los posibles beneficiarios figuran los titulares de autorizaciones de transporte VDE, VT, VTC, VSE, MDLE y MDPE, así como los titulares de autobuses urbanos.
Pago con tarjeta de gasóleo profesional
Para los suministros realizados en instalaciones de venta minorista, la obtención de la ayuda está condicionada al pago mediante las tarjetas de gasóleo profesional reguladas por la Orden HFP/941/2022. La utilización de estas tarjetas tiene la consideración de solicitud de la ayuda.
El objetivo de estas medidas es limitar el impacto del encarecimiento de los productos petrolíferos sobre las empresas de transporte, un sector esencial para garantizar el abastecimiento de bienes y el funcionamiento de la cadena logística.
Impacto para el transporte de mercancías
Aunque la ayuda total al gasóleo profesional se mantiene en 20 céntimos por litro, el sistema aprobado introduce una mayor complejidad al combinar bonificaciones directas y reducciones fiscales variables. Para las empresas de transporte, esta estructura obliga a revisar mes a mes el coste efectivo del combustible y su impacto en los costes de explotación.
La disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley establece, además, que las bonificaciones y ayudas previstas en la norma no se tendrán en cuenta para calcular la revisión del precio del transporte por carretera.