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La industria europea del remolque ha lanzado una advertencia clara sobre el Reglamento (UE) 2024/1610: tal y como está diseñado, podría terminar penalizando al propio transporte por carretera en lugar de ayudar a reducir emisiones.
La iniciativa llegó tras una reunión en Koningshooikt, cerca de Lier en Bélgica, en la que participaron los directores ejecutivos de 30 fabricantes europeos de remolques y los eurodiputados Kris Van Dijck y Jens Gieseke. Aunque los firmantes respaldan los objetivos climáticos de la Unión Europea, sostienen que la metodología actual basada en VECTO "no tiene en cuenta la diversidad de usos de los remolques, ni las exigencias reales de carga útil, ni el avance de las tractoras de cero emisiones".
Según su planteamiento, aplicar objetivos de CO₂ mal ajustados podría empujar a diseños menos eficientes en términos logísticos y provocar justo el efecto contrario al buscado: más viajes, más kilómetros en vacío y más emisiones
Para una web especializada en mercancías por carretera, el punto más sensible está en el impacto operativo. Si los fabricantes se ven obligados a modificar sus productos para cumplir con un sistema de cálculo que no refleja el trabajo real en carretera, el resultado puede ser una pérdida de capacidad de carga útil y una menor eficiencia por trayecto.
"Eso afectaría directamente a transportistas, cargadores y flotas que dependen de remolques optimizados para mover más mercancía con menos movimientos. La preocupación del sector es que una norma pensada para recortar CO₂ acabe encareciendo la operación y reduciendo competitividad" han señalado los fabricantes de remolques.
La petición recoge cinco demandas concretas:
- Adelantar a 2026 la revisión prevista para el artículo 15,
- Introducir los objetivos de forma gradual desde el 1 de julio de 2030,
- Imponer una moratoria sobre las sanciones,
- Revisar a fondo la herramienta VECTO para remolques
- Reconocer que el sistema de crédito y débito apenas será útil en los plazos actuales
El argumento de fondo es que los objetivos deben alinearse con la realidad tecnológica y con la penetración real de las tractoras de cero emisiones, no con supuestos teóricos.
Implicaciones económicas en la normativa VECTO para el transporte
Los firmantes también alertan del impacto económico. Según el texto, una penalización de 4.250 euros por cada gCO₂/tkm por encima del objetivo, multiplicada por vehículo matriculado, podría traducirse en sanciones multimillonarias a partir de 2030.
Además, sostienen que unos 70.000 empleos en Europa dependen de que el sector del remolque siga siendo competitivo. Para el transporte de mercancías por carretera, el debate no es solo regulatorio: puede condicionar inversiones, disponibilidad de equipos, costes de explotación y la propia capacidad de carga de las flotas.
En este contexto, la presión de los fabricantes abre un frente importante para todo el ecosistema logístico. El sector del transporte por carretera sigue enfrentándose a la descarbonización, pero reclama que las políticas europeas no castiguen la eficiencia operativa ni generen costes adicionales sin una mejora ambiental real.
La discusión sobre el reglamento de CO₂ para remolques no es un asunto industrial aislado: puede tener efectos directos en la productividad, la rentabilidad y la transición energética de las cadenas de transporte.