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La organización muestra su "honda preocupación y malestar" porque las empresas del sector todavía no han recibido ni la bonificación de 0,20 euros por litro de gasóleo profesional ni las ayudas directas por vehículo incluidas en la norma, pese a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicó el pasado 30 de junio la autorización de Bruselas.
Un retraso que agrava la falta de liquidez
Desde el CNTC recuerdan que estas ayudas fueron diseñadas para “aliviar la crisis de liquidez provocada por el incremento del precio de los combustibles”. Por ello, advierten de que cada semana de demora empeora la situación económica de miles de autónomos y empresas de transporte, que continúan soportando elevados costes de explotación.
El Departamento de Mercancías considera "inadmisible" que, una vez superado el principal trámite administrativo con la aprobación de la Comisión Europea, el Gobierno no haya acelerado los procedimientos necesarios para hacer efectivo el pago. A su juicio, el sector no puede seguir instalado en la incertidumbre sobre los plazos y el procedimiento de abono mientras mantiene una fuerte presión sobre sus costes.
El Comité Nacional denuncia que las empresas siguen sin cobrar las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 7/2026
Las ayudas son un compromiso adquirido
La organización insiste en que estas medidas "no son una concesión", sino un compromiso asumido por la Administración para hacer frente a una situación excepcional derivada del encarecimiento del combustible. En este sentido, advierte de que retrasar su ejecución una vez obtenido el visto bueno comunitario desvirtúa el objetivo para el que fueron creadas: garantizar la continuidad de la actividad de un sector esencial para el abastecimiento del país.
Pendientes también del Real Decreto-ley 9/2026
El CNTC recuerda además que el sector sigue esperando el desarrollo de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 9/2026, aprobado para responder al impacto económico que el conflicto en el Estrecho de Ormuz ha provocado sobre el precio de los carburantes.
La organización concluye que la incertidumbre sobre la aplicación tanto del Real Decreto-ley 7/2026 como del 9/2026 dificulta la planificación de las empresas de transporte y reclama al Ejecutivo que agilice la puesta en marcha de ambas normas.