Este expediente fue promovido en octubre del pasado año conjuntamente por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y FENADISMER junto con los sindicatos, ante el Ministerio de Seguridad Social, que, si bien debía haberse resuelto en un plazo máximo de seis meses, diferentes trabas de tipo judicial y administrativo lo han ido retrasando, duplicándose el plazo legal establecido para su resolución.

Tras superarse las dificultades iniciales para determinar la base estadística del colectivo, el pasado mes de junio se publicaron los primeros informes de mortalidad y morbilidad. Más adelante, durante el mes de julio, tanto el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) como la Inspección de Trabajo cumplieron con los plazos para emitir sus respectivos informes preceptivos.

Desde el mes de septiembre, el proceso permanece encallado a la espera de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social convoque a la Comisión de Evaluación para redactar las conclusiones

Parálisis parlamentaria en torno a la jubilación anticipada 

Ante esta parálisis, uno de los partidos políticos que han sustentado desde el Parlamento al actual Gobierno durante la legislatura, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), han reaccionado con urgencia exigiendo al Ejecutivo en funciones que reactive de inmediato la tramitación del Decreto antes de los comicios.

En concreto, ERC ha reclamado al Gobierno que impulse la jubilación anticipada de los conductores profesionales de forma inminente. Los republicanos alertan de que "la disolución de las Cortes no puede convertirse en una excusa para retrasar medidas urgentes que afectan de manera directa a la salud y a las condiciones laborales de miles de trabajadores del transporte de mercancías".

Desde ERC se ha puesto de manifiesto la "dejadez” y los continuos retrasos del Ejecutivo en la aprobación de esta medida, pese a que existe un margen jurídico suficiente para culminar la tramitación debido al avanzado estado del expediente.

Así su hasta ahora portavoz parlamentaria en la Comisión de Transportes, Inés Granollers, ha recordado al Gobierno que la Ley 50/1997 faculta de manera explícita a un Gobierno en funciones para continuar aprobando normas de rango reglamentario dentro de la gestión ordinaria y de los asuntos de urgencia, por lo que ha exigido determinación política para que el Real Decreto vea la luz antes de la celebración de las elecciones.