He recordado la expresión tras recibir el último comunicado del servicio de relaciones con la Unión Europea de nuestra confederación nacional CETM, sobre los requisitos que han de cumplir las empresas que realicen transporte internacional con origen o destino en Austria o transporte de cabotaje en ese país. Alguien desde fuera, pensará lo mismo que Obelix: estos europeos están locos.

Si algún lector tiene interés en conocerlo – son nueve páginas de explicaciones – que nos lo pida y gustosamente se lo facilitamos para que le dé el uso que estime conveniente.

Austria ahora, como Francia, Alemania e Italia, están exigiendo a las empresas de transporte que desplazan trabajadores a estos países cuando realizan un servicio internacional o de cabotaje, que justifiquen que sus conductores perciben al menos el salario mínimo estipulado para un conductor francés, alemán, italiano o austríaco en su caso.

Los procedimientos de justificación de percepción del salario mínimo varían según el país, y se refieren al período de tiempo que el conductor está en dicho país, ya que no son competentes para exigir que se pague ese salario mientras se circule por otros países, como es lógico. Es decir, un conductor de una empresa búlgara, por ejemplo, que realice un transporte internacional desde su país u otro punto de Europa hasta Viena, puede ser retribuido por su empresa con el salario mínimo establecido en Bulgaria – que es de 235,20 euros mensuales (1,55 €/hora)- hasta llegar a la frontera austríaca, pero una vez en Austria y hasta llegar a Viena, debe retribuir a su conductor con el salario mínimo austríaco 9,57 €/hora.

Creo que ha llegado el momento en el que el sector tiene que dar
un puñetazo en la mesa. Esto no se puede consentir.

Pero si este mismo conductor se desplaza a Francia, Alemania o Italia, cosa que en una empresa de transporte internacional es habitual, su empresa tendrá que justificar, ante éstos estados que su conductor percibe el salario mínimo establecido en cada uno de estos países.

Esta obligación deviene de la aplicación de la Directiva Comunitaria sobre desplazamiento de trabajadores, que todos los países de la Unión deberían aplicar desde el mes de junio del año pasado. Pero ocurre que, unos países la aplican y otros, como España, todavía no la han transpuesto a su ordenamiento jurídico y no la aplican.

Ante este cachondeo, cada país que ha transpuesto la directiva, la aplica a su manera. Unos exigen su cumplimiento tanto en el transporte de cabotaje, es decir, el transporte interior realizado por una empresa extranjera, como en el internacional con origen o destino en ese país y otros, solo cuando se realice cabotaje.

Lo mismo ocurre con la justificación exigida que acredite que la empresa abona el salario mínimo de ese país a los conductores que transitan por el mismo, como el documento de acompañamiento, nombramiento de un representante, desglose de los conceptos retributivos, tramitación de la documentación correspondiente etc. y, por supuesto en formularios redactados en el idioma del país que lo exige. Vamos, fácil, fácil, como diría Arguiñano.

Tampoco la Directiva ha contemplado su aplicación a una actividad tan peculiar como el transporte. No es lo mismo desplazar trabajadores para construir una fábrica que el caso de los conductores desplazados para la realización de un servicio internacional.

Creo que ha llegado el momento en el que el sector tiene que dar un puñetazo en la mesa. Esto no se puede consentir. ¿Qué está haciendo el Gobierno de España que ni siquiera ha traspuesto la directiva y, mientras otros países ponen trabas para el normal desarrollo del transporte internacional, España se ha convertido en el paraíso para las empresas rumanas, lituanas o búlgaras y donde cada día proliferan más las empresas buzón? ¿Dónde está la armonización normativa en el seno de la Unión Europea?

Perdonen la expresión pero Europa parece cada vez más una casa de putas, y al transportista, que le vayan dando.

Manuel Pérecarro Martín | Secretario General de FROET