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Sábado, 25 Enero 2025
    Manuel, F. Rouco Manuel, F. Rouco Opinión

    A bombo, platillo y fanfarria el gobierno ha desplegado a todo volumen una acción mediática para anunciar la bajada de los impuestos y que se enteren los ciudadanos de que este gobierno cumple con las promesas electorales, aunque sea parcialmente y en segunda legislatura. Cuando empezamos a escrutar los datos que el señor Montoro aporta, aparecen sorpresas varias, a saber:

    Años 2012-2013. El gobierno aprobó 45 subidas de impuestos. El esfuerzo tributario que hacen los contribuyentes se coloca a la cabeza de Europa. Los impuestos directos e indirectos se llevan aproximadamente el 45% de la renta de los mileuristas. Más del 90% de los aumentos, desde que el PP de Rajoy ocupó La Moncloa, seguirán en pie en el 2015. La anunciada rebaja ronda los 8.000 millones de euros, apenas llega al 25% de las subidas previas. Desde el comienzo de la crisis el número de asalariados que trabajaba en el sector privado, se redujo más del 20% y en el público apenas ha llegado al 2,3% (y prácticamente corresponde a jubilaciones). En Cataluña la plantilla dependiente del ejecutivo autonómico ha crecido en 40.000 personas, pasando de 364.000 a 405.100, o sea, un 11% de aumento de empleados públicos, de los que pagamos todos.
    El servicio público de empleo estatal, antiguo INEN, apenas colocó al 3% de los demandantes de empleo; teniendo en cuenta que este organismo nos cuesta a los contribuyentes 40.000 millones de ¡euros!, esto bien merece un análisis con detenimiento. Dicho de otra forma, a tenor de los resultados y lo que nos cuesta la existencia de este organismo autónomo, dicen que dedicado a buscar trabajo a los parados, es un testimonio más de que lo esencial de tal organismo oficial no es su finalidad declarada, en este caso el empleo, sino la justificación para que miles de privilegiados que cuelgan de su nómina vivan del erario público, dicho esto sin perjuicio de que muchos de éstos se ganen el sueldo que se llevan a casa. RTVE, además de su utilización sectaria, acumula un déficit de 716 millones, y sigue abierta.
    En fin, tomando como base el año que el gobierno accedió al poder, los impuestos han subido más del 30%, y la presión fiscal, en función de la exigua renta media de los ciudadanos, alcanza valores feudales.
    La tan publicitada reducción de impuestos se producirá básicamente a partir del 2015 y su aplicación mayoritaria será en el 2016. ¿Qué nos quieren decir con este calendario? Que si queremos que esta reducción se cumpla tendrá que seguir el mismo gobierno en el poder, de lo contrario a saber qué harían otros. Nos dicen, además, que no es una medida electoral, ¡que baje Dios y lo vea! Y si es posible que les confundan. Jesús, que casta.
    En este contexto impositivo-económico-financiero qué pasa con el transporte. Pues al igual que otros muchos sectores productivos, necesita medidas efectivas orientadas a la producción: que le llegue el crédito ya; no vale decirle a los bancos que hay que darlo, no basta, pues cuando una empresa de transportes solicita crédito, le analizan las cuentas que sufren de anemia por la crisis y los bancos no le conceden financiación. Sin embargo, a ellos hay que rescatarlos, pero a las empresas que les den; como consecuencia, la flota ni se renueva ni aumenta, se hace vieja, las averías aumentan exponencialmente, los gastos suben, la facturación baja, aumentan los viajes fallidos y así entran en un circulo de pobreza cada vez más difícil de salir hasta que se mueren de inanición.
    Más de lo mismo les ha ocurrido a muchas empresas cargadoras que la crisis se llevó no solo sus reservas, mucho más y aun así y con enorme esfuerzo y zozobra, en desventaja con sus competidores internacionales, abren nuevos mercados y temen ,si por cierto no lo tienen, que cuando esto empiece a tirar, la falta de camiones será un riesgo enorme por la desaparición del mercado de más de 80.000 vehículos, con el añadido de una flota vieja, seguro que se encontrarán con dificultades para cumplir con sus clientes en tiempo y forma y la posibilidad de ese riesgo resulta peligroso. El gobierno tiene que contemplar que el transporte es un sector estratégico para toda la economía española y por ello tiene que tener, además de sensibilidad, compromiso con la reducción efectiva de los excesivos impuestos actuales, los combustibles, los peajes, en fin lo harto repetido que de tanto decirlo ni lo escuchan, no les afectará al oído pero si puede repercutir muy negativamente en el crecimiento. Por favor, no despertar a la fiera.

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