Y es que, aparte de las exigencias europeas y de organismos internacionales, parece que somos un país con muy poquito crédito para los inversores y con escasa, por no decir nula, confianza para los de “casa”. Los expertos afirman no ver claro que el gasto público pueda reducirse a corto y medio plazo, y se fijan en que nuestra Administración es todo menos austera. La reforma laboral ha creado una inseguridad jurídica alarmante (no se despide, pero tampoco se contrata), porque de momento es un “página” a reescribir en el Congreso.

 Con 325.000 millones de € en créditos vivos a promotores, por parte de los bancos, y el mapa de las entidades bancarias sin terminar, no se atrae a los inversores extranjeros, y el crédito está bajo mínimos. Por último, los gastos relacionados con las pensiones crecerán, pues aumentará la demografía. Parece que no sólo el ecopago de la Sanidad, sino la subida de la edad de jubilación y el cambio del cálculo de las pensiones, son imprescindibles.

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