Con la Ley en la mano, estas cooperativas sólo pueden contratar transporte en nombre propio y deben ser ellas quienes facturen los servicios prestados, pero la realidad es bien distinta y cada vez son más los cooperativistas que se convierten en empresarios, dándose de alta en sus obligaciones tributarias (generalmente en módulos) y refacturando a la cooperativa, lo que además de un fraude es una competencia desleal hacia el resto de las empresas del sector. Adoptar las medidas necesarias para erradicar esta práctica debe ser una prioridad para la Administración.

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