Lunes, 14 Octubre 2019

    Editorial mes de Noviembre - Por Javier Baranda

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    La “Europuñeta” y otros peajes

    Impuestos. Es la manera más sencilla que tienen los gobiernos de recaudar dinero de sus contribuyentes. En este caso, de los transportistas, un “palo” que suelen “tocar” una vez sí y otra también, ya sea a cuenta del combustible o de cualquier otro elemento (al menos se pagan nueve tasas), por más “peregrino” que resulte. Al parecer, somos un sector “recurrente” para este tipo de desmanes.

    Sin embargo, en esta ocasión (ojalá haya más precedentes) es obligado “dar al César lo que es del César”. El Gobierno español, a través de su ministro de Fomento, José Blanco, se batió el cobre en Luxemburgo en la reunión del Consejo de Ministros de Transporte de los veintisiete. Gracias a su oposición a la reforma de la Euroviñeta (bautizada ya como “Europuñeta” en nuestros lares), el texto original se ha reformado de forma sensible, aplazando fechas de entrada en vigor –para los vehículos menos contaminantes- y reduciendo su coste y franjas horarias de “horas punta”, en las que el precio casi se duplica. A pesar de la férrea defensa realizada por Blanco y otros países periféricos, como Italia, Irlanda, Portugal e incluso Holanda, la tasa fue aprobada por mayoría, con el concurso, como no podía ser de otra forma, de Francia y Alemania como Estados especialmente empecinados en el establecimiento de este peaje. Cabe señalar que fue este último, junto con Bélgica –quien ostenta la presidencia de la UE- uno de los impulsores de la Euroviñeta.

    Conviene recordar a nuestros lectores que la Directiva de la Euroviñeta data de 1999, que fue modificada en 2006 y que se aplica en España desde abril de 2009. Lo que ocurre es que afecta exclusivamente a las actuales autopistas de peaje, que siempre han sido de pago, y no a otras vías. Los Acuerdos de junio de 2008 entre el Comité Nacional y la ministra Álvarez así lo establecieron, con el compromiso del Gobierno de defender esta postura en el seno de la UE. Lo que se ha hecho ahora es “reformar”, de nuevo, esta normativa. El Sector solicitó a Blanco –quien era partidario de “aplicar” la Euroviñeta hasta sus últimas consecuencias- que mantuviera los Acuerdos de Junio.

    Aparte del rechazo (que valoramos de forma muy positiva), el ministro de Fomento ha sido tajante al afirmar –antes y después del Consejo de ministros- que su Departamento no aplicará esta tasa en nuestro país, “al menos en esta legislatura”. José Blanco sabe, no obstante, que el Parlamento Europeo tiene que dar su visto bueno al acuerdo de Luxemburgo, proceso que se demorará previsiblemente algo más de un año; posteriormente, la Directiva se transpondría a nuestro ordenamiento jurídico, ya prácticamente en plena campaña electoral. De todas formas, el Sector mantiene su oposición, al entender que las empresas de transporte cubren de largo los posibles costes externos (congestión, ruido, contaminación…) que puedan generar. Entiende, además, como injusta y discriminatoria esta medida, pues hace al transporte único responsable del deterioro y mantenimiento de las infraestructuras. Sabe, por otra parte, que su recaudación (más de 3.500 millones de euros) serviría para financiar a otros modos de transporte menos eficientes, dejando a la carretera en clara desventaja. La sociedad debe conocer, por último, que la economía española sería la primera afectada, al perder competitividad, dado que somos un país periférico.

    Pero esto no es todo. El ansia de recaudar ha llevado también a la Diputación Foral de Guipúzcoa a plantear la implantación de un peaje en la N-I, a su paso por Echegárate, basándose ¡pásmense ustedes! en la Euroviñeta, cuando precisamente esta no es obligatoria, sino que deja libertad a los Estados para su aplicación en vías transeuropeas. Al margen de que el citado organismo pueda o no tener competencias en esta vía, que atraviesa su “territorio histórico”, el argumento señalado es un auténtico disparate, pues colisiona además con la normativa estatal, que aduce que sólo se podrán aplicar peajes en las autopistas en régimen de concesión. La asociación de transportistas de Guipúzcoa, Guitrans, y la propia CETM, han presentado razonadas alegaciones al proyecto, que la Diputación Foral no puede de ninguna manera obviar; en caso contrario, se utilizarán todos los medios legales para oponerse a esta arbitraria medida.

    Tenemos, además, un último “peaje”: el portugués, caro, caótico en su implantación (no se puede pagar en euros, sino mediante un dispositivo especial) y posiblemente contrario al derecho europeo. Lo dicho: se buscan más impuestos.

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    Javier Baranda

    Director y editor de la Revista Transporte Profesional, periodista de vocación y devoción llevo media vida ligado a la información sobre el transporte y el asociacionismo en especial a la CETM

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