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El lunes 22 de mayo se produjo un principio de acuerdo entre patronal y sindicatos por el conflicto de la estiba. No obstante, se está a la espera de la reunión que mantendrán la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y los estibadores con sus representantes sindicales y que tendrá lugar el 1 de junio para ratificar dicho preacuerdo.
Durante la asamblea que celebró Anesco para confirmar que sigue siendo la representante de las empresas estibadoras, también se ratificó el preacuerdo. De no haber sido así, los sindicatos tendrían que negociar empresa por empresa y puerto por puerto, lo que complicaría aún más si cabe el conflicto.
De este modo, se está a la espera de lo que ocurra el jueves 1 de junio para devolver la estabilidad a los puertos o, por el contrario, que se anulen todos los acuerdos conseguidos hasta el momento y tener que volver a empezar, al negarse a aceptar la trasposición de la Directiva europea que obliga a liberalizar el sector de la estiba en España.
Condiciones
Según las negociaciones llevadas a cabo hasta ahora, los sindicatos no van a aceptar ningún acuerdo que no garantice el empleo a los 6.150 estibadores que actualmente hay en el país. A cambio, están dispuestos a que se baje un 10% los salarios más altos (los que ganan más de 2.230 euros mensuales). También se comprometen a aceptar medidas de flexibilidad y cambios en la organización del trabajo y los turnos que permitan mejorar la competitividad de los puertos.
Los trabajadores consideran que es fundamental "integrar los convenios de ámbito inferior y adaptar el acuerdo sectorial estatal a la modificación legislativa". Los estibadores han redactado un plan de trabajo en dos fases: la primera, llegar a acuerdos con la patronal y redactar un convenio colectivo de ámbito estatal. Y la segunda, desarrollar el reglamento que se deriva del Real Decreto Ley aprobado por el Congreso.
Queda pendiente saber cómo se llevarán a cabo los planes de formación y si, finalmente, se concederán las ayudas estatales de 120 millones de euros destinados a prejubilaciones voluntarias.
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