Según la Comisión Europea el modelo de estiba vigente en España atenta contra el Tratado Fundacional de la Unión Europea, por restringir el mercado e impedir la libertad de establecimiento. Es decir, la actual legislación portuaria española restringe, según la Comisión Europea, la contratación de trabajadores portuarios, lo que es incompatible con los principios básicos de la economía de mercado que sostienen la esencia de la Unión Europea.
El hecho de no reformar la legislación española acatando la sentencia de 11 de diciembre de 2014, provoca inseguridad jurídica en todas las empresas estibadoras existentes en los puertos españoles, que desarrollan sus operaciones en un marco ahora cambiante.
Durante los últimos 17 meses no se ha cumplido dicha sentencia, por lo que ahora la Comisión Europea ha decidido remitir el caso, por segunda vez, al Tribunal de Justicia, que impondrá importantes multas a España.
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