Esta operación fue aprobada por el Consejo de Administración de Renfe en julio del año pasado y supone el refuerzo de la posición estratégica de la operadora en las actividades de logística de los vehículos terminados.

Esta acción se corresponde con el modelo que ya se aplica en países como Francia o Alemania, con una operadora de propiedad pública que gestiona operadores logísticos propios que establecen una relación comercial directa con los clientes finales del sector. Además, esta decisión también responde al objetivo del Gobierno de impulsar el modo de transporte de mercancías por ferrocarril tratando de equilibrar el reparto modal.

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