
Uno de los problemas que la Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, integrada en Conentrans, abordó en la reunión mantenida con la consejera de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, fue la necesidad de cotnar con suelo industrial específico para las empresas de transporte, así como la total ejecución del plan de áreas de descanso y servicio elaborado hace años por el Gobierno regional.
Otra de las cuestiones reclamadas a la Consejería de Infraestructuras y Vivienda es la supresión del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, que penaliza a las empresas de transporte gallegas y dificulta la actividad exportadora de Galicia. En este sentido, Fegatramer solicitó, una vez más, que la actual devolución del impuesto afecte a todos los transportistas sin excepción, independientemente del peso del vehículo.
Además, los representantes de Fegatramer pidieron la supresión o rebaja de ciertos peajes en las autopistas de Galicia que, en algún caso, las sitúa dentro de las más caras de España. Además, consideran que "una autopista como la AP-9 (La Coruña-Tuy), por tiempo y tráfico, debería estar sobradamente amortizada". También se planteó la necesidad de mejorar y reorientar la actuación de la inspección en materia de transportes, priorizando el control sobre los grandes infractores: uso de gasóleo B, carencia de autorización de transporte, manipulación del tacógrafo, reducción en más del 50% de los descansos o conducciones superiores en más del 50% de los descansos o conducciones superiores de los establecido por el Reglamento 561/2006 CE y cabotaje irregular y, por otro lado, flexibilizar cuestiones como la vuelta a casa de los conductores.
De igual forma, los transportistas gallegos solicitaron a la consejera ayudas para la renovación de flotas de camiones, especialmente tras el envejecimiento derivado de este ciclo de crisis económica, mediante ayudas para la incorporación de vehículos menos contaminantes, con consumos más reducidos y cuyos componentes sean reciclables. También se pidieron ayudas a la formación obligatoria de conductores profesionales, que en Galicia afecta a unas 7.200 personas.
También se puso de relevancia la necesidad de potenciar las Juntas Arbitrales de Transporte de Galicia, al comprobar que la actividad y número de conflictos mercantiles recibidos cada día son mayores. Ese aumento de su carga de trabajo pide mejorar los medios materiales del organismo, dotándolo de nuevos soportes informáticos, y de la terminación y publicación del observatorio de costes de transporte público de mercancías por carretera de Galicia por parte de la Dirección General de Movilidad de la Xunta de Galicia. Un proyecto que, según Fegatramer, "lleva años de retraso".
Según Fegatramer, la consejera "expresó la voluntad de la Xunta de Galicia y de su consejería, de apoyar en lo posible las necesidades del sector del transporte gallego".